18 de diciembre de 2010

Diputados aprobaron Ley de Deslinde Jurisdiccional


(ANF).- La Cámara de Diputados sancionó la Ley 102/2010 de Deslinde Jurisdiccional y fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación por el presidente Evo Morales, esta norma forma parte de las leyes denominadas “orgánicas”.

La Ley regula los ámbitos de vigencia dispuestos en la Constitución Política del Estado (CNE) entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras reconocidas constitucionalmente. Además determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre las demás jurisdicciones.

“Este hecho hace que exista tranquilidad en la sociedad boliviana, porque las dos formas de entender la aplicación de la justicia, van a poder convivir con una absoluta tranquilidad y normalidad, que es lo que nosotros como legisladores buscamos”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, tras sancionar la Ley.

La nueva norma aprobada, en grande y detalle en la Cámara de Senadores y sancionada en Diputados, consta de cuatro capítulos, 17 artículos, una disposición final y una disposición abrogatoria y derogatoria.

La Ley en sus 17 artículos, marca los límites entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina, bajo una fórmula que delimita concreta, correcta y objetiva los ámbitos de aplicación de cada una de las normas.

Los principios que rigen a la Ley son: respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional, relación espiritual entre las naciones y pueblos indígena originario campesinos y la Madre Tierra (Pachamama), la diversidad cultural, interpretación intercultural, pluralismo jurídico con igualdad de jerarquía, complementariedad, independencia, equidad e igualdad de género, e igualdad de oportunidades.

Además, establece que los derechos fundamentales y garantías constitucionales tienen especial referencia, entre ellos el respeto a la vida, la prohibición y sanciona toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Se deja claramente establecido que “el linchamiento es una violación a los derechos humanos, y no está permitido en ninguna jurisdicción, por lo que debe ser sancionado, y finalmente se prohíbe la pena de muerte”.

Cuenta con una disposición final que dispone la traducción y difusión de la Ley en todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originaria campesina del Estado Plurinacional. Finalmente tiene una disposición abrogatoria que por racionalidad sistemática derogan y abrogan todas las disposiciones jurídicas contrarias a la presente Ley.

El artículo 3 de la Ley establece que La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas.


Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la presente Ley son:
a) Respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional. El ejercicio de las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, tiene la finalidad de preservar la unidad y la integridad territorial del Estado Plurinacional;
b) Relación espiritual entre las naciones y pueblos indígena originario campesinos y la Madre Tierra. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado y asumen las responsabilidades para con las generaciones venideras.
En el marco de sus cosmovisiones, las naciones y pueblos indígena originario campesinos mantienen una relación armoniosa, de complementariedad y respeto con la Madre Tierra;
c) Diversidad cultural. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. Todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas deben respetar las diferentes identidades culturales;
d) Interpretación intercultural. Al momento de administrar e impartir justicia, las autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben tomar en cuenta las diferentes identidades culturales del Estado Plurinacional;
e) Pluralismo jurídico con igualdad jerárquica. Se respeta y garantiza la coexistencia, convivencia e independencia de los diferentes sistemas jurídicos, dentro del Estado Plurinacional, en igualdad de jerarquía;
f) Complementariedad. Implica la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente;
g) Independencia. Ninguna autoridad de una jurisdicción podrá tener injerencia sobre otra;
h) Equidad e igualdad de género. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan, promueven, protegen y garantizan la igualdad entre hombres y mujeres, en el acceso a la justicia, el acceso a cargos o funciones, en la toma de decisiones, en el desarrollo del procedimiento de juzgamiento y la aplicación de sanciones;
i) Igualdad de oportunidades. Todas las jurisdicciones garantizan que las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, tengan las mismas posibilidades de acceder al ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos.

El artículo 5 de esta norma señala Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven y garantizan el derecho a la vida, y los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.
II. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia.
III. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina no sancionarán con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores o personas en situación de discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales.
IV. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema.
V. El linchamiento es una violación a los Derechos Humanos, no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado Plurinacional.

Además el artículo 6 determina que en estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute.