24 de mayo de 2011

Tribunal declara culpables a Justicia, Fiscalía y Policía por no actuar en seis casos

(Erbol).- El Tribunal Ético Nacional (TEN) de Bolivia que conoció seis casos emblemáticos de violencia sexual posterior al análisis de los antecedentes de los hechos resolvió que el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional instituciones del Estado no actuaron con oportunidad y lesionaron los derechos de las víctimas donde se encontró diferentes grados de responsabilidad por acción y omisión.

La conclusión del TEN señala que las autoridades que conforman los órganos del Estado no actuaron con oportunidad y diligencia debida, fundamentalmente, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales reconocidos en la Constitución Política del Estado y los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la prevención, investigación, protección, juzgamiento, sanción y reparación del daño a las víctimas.

Extraña al Tribunal que ninguno de los casos presentados en esta audiencia se hubiera aplicado el principio de no discriminación, el principio del interés de la niña a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia y el debido proceso teniendo en cuenta que la violencia sexual es una extensión de discriminación de género que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas, agrega la resolución.

Además, el Tribunal ha constatado que en todos los casos expuestos que fueron de conocimiento de los órganos del Estado se lesionaron los derechos de las víctimas encontrándose diferentes grados de responsabilidad por acción y omisión de las distintas instancias que participaron en el tratamiento y manejo de los casos.

El TEN estuvo presidida por Martha Rojas secundados por Griselda Sillerico, María Ysabel Cedano y Mariel Paz que conocieron seis casos representadas por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) la Casa de la Mujer, Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), Centro de Capacitación y Formación Política para Mujeres (CCIMCA), el centro Gregoria Apaza, la Coordinadora de la Mujer, Mujeres en Acción y el Centro Juana Azurduy.

Las instituciones del Estado estuvieron representadas por el Órgano Judicial, José Luis Baptista; la Fiscalía General del Estado, Betty Yañiquez; la Policía Nacional, Rosario Chávez; la Alcaldía de La Paz, Rosario Aguilar y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio paceño, Marco Antonio Gira. Pero, que sólo Baptista y Gira escucharon la resolución del TEN y las autoridades del Ministerio Público y la Policía restaron importancia y abandonaron la sesión.

Al respecto, Cedano dijo que es “lamentable que (las autoridades) no se hayan podido quedar hasta el final porque esto (demuestra el) signo de que no han estado conscientes del trabajo de este Tribunal y la resolución final que contiene recomendaciones dirigidos a estas entidades (estatales) que hubiera sido importante que ellos (asistan) y comuniquen de primera mano a sus autoridades las que van a tener que operativizarlas”.

RECOMENDACIONES TEN

El Tribunal Ético Nacional recomienda adoptar políticas públicas en la diligencia y no discriminación de los casos que evidencia dramáticamente la ausencia casi total de medidas de protección a las víctimas que acuden a la justicia.

La creación de un sistema descentralizado que cuente con inversión pública suficiente para la atención especializada, con calidad y calidez a las víctimas de violencia sexual para hacer justicia y reparar los daños.

La Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado instruya a sus autoridades para que actúen y emitan resoluciones en el marco de los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomienda la valoración de las pruebas sin prejuicio de género.

Promover espacios de diálogo en torno a la justicia ordinaria e indígena originario como sistemas de igual jerarquía para avanzar en la justicia a favor de las víctimas.

Incorporar entre los requisitos habilitantes para el acceso y ejercicio de la función jurisdiccional en acreditar en la formación de los derechos humanos, género y generacional e interculturalidad para garantizar el ejercicio de los derechos de la mujer, la niñez y la adolescencia.

Instruir a los fiscales que investigan y jueces que emiten resoluciones apliquen en su intervención los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual.

Instruir la evaluación, seguimiento y control del trabajo de las unidades especializadas del Ministerio Público como fiscales de materia en familia y niñez con la participación de la inspectoría del Ministerio Público, las organizaciones de mujeres e instituciones vinculadas al tema.

Instruir a los jueces de Instrucción de Materia Penal y tribunales de sentencia a que sus resoluciones deben adecuarse a la consideración e inclusión de los instrumentos internacionales de protección especial de los derechos humanos de las mujeres, tanto en la interpretación, el análisis de la prueba y el contexto social y exclusión de las mujeres.

Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los comités internacionales de derechos humanos de las mujeres para garantizar el acceso a la justicia y no discriminación.

Continuar con la preparación de los casos de violencia sexual para presentarlos en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Implementar medidas, instructivos y directrices dirigidos a la aplicación del principio del interés superior del niño, niña y adolescente bajo responsabilidad penal.

Implementar medidas, instructivos y directrices dirigidos a proteger a las mujeres y niñas con discapacidad vulnerables a la violencia sexual.