26 de abril de 2012

Diputada Revollo asegura que la ampliación del plazo de la Ley 222 no anula su carácter inconstitucional

(MSM).- A raíz del tratamiento de la modificación de la Ley 222 para ampliar el plazo de la consulta en el TIPNIS, la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, dijo este jueves que se mantiene el carácter inconstitucional de esa cuestionada norma porque no es una consulta previa y aseguró que la propuesta oficialista sólo intensificará el abuso a los pueblos indígenas que este viernes iniciarán la IX marcha en defensa de la reserva natural.

“Esta es una una Ley (la 222) que con la ampliación a siete meses lo único que logrará es profundizar el atropello a los pueblos indígenas porque mantiene el concepto y la decisión de afectar el territorio indígena, los derechos de los pueblos indígenas, el bosque y el área protegida”, afirmó Revollo.

La legisladora del MSM informó que la ampliación del plazo es una “corrección cosmética” que busca agravar la represión, la división de los pueblos, la prebendalización y el chantaje con el cual pretende impedir neutralizar la IX marcha en defensa del TIPNIS.

“El gobierno, con esta modificación y con esta acción represiva, está simplemente sosteniendo una actitud tradicional, una actitud que desconoce la Constitución y los derechos de los pueblos indígenas, en el más puro esquema de un gobierno de derecha que desvaloriza los avances en nuestro país”, sostuvo.

Revollo ratificó la posición del MSM de exigir la derogación de la Ley 222 por ser inconstitucional porque se dieron varios pasos administrativos para la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos. El 27 de febrero, el MSM presentó un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 222 ante el Tribuanal Constitucional. La demanda fue admitida el 9 de este mes pero hasta el momento no se convocó ni a demandados, ni a demandantes.

Que investiguen la doble denuncia

La diputada de los Sin Miedo exigió que en lugar de buscar ampliación de plazos, se debería acelerar la investigación de la violación a los Derechos Humanos cometidos en la intervención a la VIII marcha del TIPNIS y se debe transparentar el contrato con la empresa brasileña OAS por las irregularidades denunciadas por el MSM en una doble demanda penal.

Según el MSM, el contrato firmado por la ABC tendría un sobreprecio de más de 100 millones de dólares y se pagaron al menos 7,5 millones de dólares a la OAS como anticipo pero sin que el contrato se encuentre en vigencia contratos, entre otras irregularidades que debería investigar el Ministerio Público.

“En lugar de ampliar un plazo para una Ley anticonstitucional, se debe investigar los crímenes cometidos en la intervención cobarde a la VIII marcha a los pueblos indígenas”, finalizó Revollo.