8 de mayo de 2012

El gobierno es el único responsable de los conflictos sociales en Bolivia por su afán de reposicionamiento autoritario

El Movimiento Sin Miedo emite un pronunciamiento sobre las razones profundas del clima de conflictividad que se ha instalado en el país y que tiene su origen en un plan de reposicionamiento de la imagen del presidente y candidato del MAS para el 2014, Evo Morales, mediante la confrontación con las clases medias, las clases trabajadoras y los indígenas de Bolivia. Alertamos que la línea dura resuelta por el gobierno puede generar escenarios de confrontación entre bolivianos y bolivianas con consecuencias imprevisibles. Estamos haciendo esfuerzos para no caer en la provocación gubernamental, apoyada por sectores masistas, pero nos mantenemos firmes en nuestra posición en torno a la movilización de los trabajadores en salud, la respuesta al supuesto incremento salarial y la IX marcha indígena que se dirige a la ciudad de La Paz en defensa del TIPNIS y de la democracia.

¿PORQUÉ HA HECHO TODO ESTO EL GOBIERNO?

No es casual lo que está ocurriendo. Después de todos los fracasos gubernamentales del 2011, la popularidad de Evo Morales bajó drásticamente y para remontarla el MAS definió un plan de reposicionamiento para el 2012, pero no a partir del reconocimiento de sus errores, sino de una visión autoritaria, populista y demagógica.

Fue su “cumbre”, la cumbre masista de diciembre y enero, la que definió ese plan. De ahí viene el decreto contra los médicos, la decisión de dividir a la COB y de volver a la carga con la carretera destructora del TIPNIS. Se trata de un visión miope, de corto plazo, ajena a la realidad ya lo que está pensando la gente; se trata de una visión electoral que tiene como única perspectiva el “reposicionar” la imagen maltrecha del único candidato masista para el 2014: el Sr. Evo Morales.

Está claro el extravío gubernamental. No existe en Palacio de gobierno la menor consciencia de que se ha quebrado la relación de confianza y de credibilidad con la mayoría de la población. Después de las elecciones municipales, luego del gasolinazo, de la represión en Chaparina y en medio de la corrupción generalizada, este gobierno ya no expresa el cambio que se esperaba. Evo Morales, desde el 2011, está de espaldas a la mayoría del país y ha traicionado la esperanza nacional y popular.

Por ello la gente en todos los centros urbanos grandes, intermedios y pequeños ha pasado de la decepción al hastío y de la frustración al rechazo abierto a las acciones gubernamentales. El MAS y Evo Morales son un gobierno y un Presidente más, como los anteriores, que miente, que roba, que improvisa, que reprime, que no escucha, que desprecia a la gente, que se burla de la pobreza y que dice todos los días tonterías que avergüenzan al país.

Por tanto, ya no existe ningún “proceso de cambio” por el cual luchar, por el cual sacrificarse o sacrificar las demandas inmediatas. Es por ello la reacción de la gente y de los sectores de la población. Cada quien está volviendo a pelear por lo suyo, por lo inmediato, por lo sectorial, por lo corporativo, mucho más si el gobierno con sus acciones afecta esos intereses.

El bloque nacional-popular que alcanzó grandes consensos electorales y políticos desde el 2006 ya no existe más. Sus componentes sociales y políticos se han desarticulado por la conducción gubernamental equivocada. Primero fueron las fracturas políticas del 2010 por el hegemonismo masista que, después del triunfo nacional electoral del 2009, quiso eliminar el pluralismo democrático en las elecciones municipales. Después vino la fractura económica con el descalabro de gasolinazo y luego la fractura indígena con el TIPNIS y Chaparina.

Esos son los hitos principales del vaciamiento de los contenidos democráticos, populares y plurinacionales del proceso que todos alentamos hace seis años; contenidos que han sido sustituidos por el autoritarismo, populismo, prebendalismo, corrupción y por una visión conservadora, de derecha, que tiene como horizonte el montaje del capitalismo burocrático de Estado, la desinstitucionalización y la subordinación de todos los poderes públicos, la restricción de la democracia y los Derechos Humanos, además del afianzamiento de una nueva burocracia estatal aliada transitoriamente con sectores empresariales, sustentada por los intereses económicos de cocaleros, contrabandistas y sectores cooperativistas, que aún cuentan con un núcleo de apoyo rural basado en la simbología demagógica de lo indígena.

El conflicto de salud y la reemergencia de la clase media

La demanda de los trabajadores en salud es justa y tiene todo el sustento constitucional por tratarse de derechos irrenunciables que representan avances históricos universales en materia laboral. Este movimiento ha sido capaz de mostrar que la problemática de la salud va más allá de dos o tres horas de trabajo; que tiene que ver con la visión estratégica estatal de las políticas públicas de salud y, en lo concreto, con el destino de los millonarios recursos públicos (17.000 a 20.000 millones de dólares adicionales que el país ha recibido por nuestros recursos naturales en estos años), que no fueron destinados a infraestructura para hospitales de primer, segundo y tercer nivel, al equipamiento, a insumos e ítems, que es lo estructural de la problemática y no sólo los horarios.

Además, el movimiento de los trabajadores en salud encarna un momento esencial de reemergencia de la clase media, vilipendiada y atropellada recurrentemente por este gobierno, y que tocada en sus intereses ha salido a las calles en actitud contestataria, dejando al descubierto tanto el descalabro irresuelto de la salud en estos seis años, cuanto la visión gubernamental masista contraria a los sectores medios, de profesionales, empleados, universitarios e intelectuales.

Evo Morales, al agredir a la universidad (declarándose “feliz” de no haber ido a sus aulas), está incurriendo en una agresión a todo el país, no sólo a los profesionales, sino a los más amplios sectores populares que tienen en su imaginario de superación y de progreso la Educación Superior. Ése el enorme significado, por ejemplo, de la universidad obrera de Siglo XX y de la UPEA de El Alto. La miopía del gobierno no logra entender que la ciencia y la tecnología están a la base del nuevo modelo de desarrollo, del progreso nacional, del salto cualitativo del extractivismo al desarrollo integral, de la competitividad regional y de nuestra inserción en el mundo.

El estatismo populista burocrático del gobierno

La visión autoritaria del gobierno, expresada en el unilateral incremento salarial del 8% para el 2012, no sólo que abortó el proceso de diálogo con la COB, sino que refleja en toda su dimensión el estatismo burocrático del gobierno de Evo Morales traducido en el incremento de más del 100% de los empleados públicos en el país, de 76.000 a 150.000 funcionarios estatales entre el 2006 y el 2010, lo que supone un aumento en el gasto burocrático de más del 280%, es decir de 7.379 millones de bolivianos en el 2006 a 20.766 millones de bolivianos el 2010, destinados al pago de sueldos y salarios de la burocracia estatal (el gobierno oculta las cifras mayores del 2011 y 2012).

En “Las 12 tareas urgentes para el 2012”, el Movimiento Sin Miedo dio cuenta de esta realidad típicamente prebendal y burocrática, y planteó al gobierno el reordenamiento del Tesoro General del Estado para frenar y racionalizar el gasto corriente producto de la creación de nuevos empleos públicos, improductivos en gran parte o con motivo de empresas estatales deficitarias, y en ambos casos con el sólo objetivo de ampliar la inserción de militantes masistas en el Estado, a costa del erario público. Esa es la explicación para que el “incremento” se restrinja sólo a una reposición parcial y que, como en los gobiernos neoliberales, el déficit fiscal sea siempre el obstáculo insalvable para ir incrementando progresivamente el ingreso de los asalariados.

Pero, el cuadro de prebendalización e inequidad sólo se completa, en su incoherencia e inviabilidad, con el cinismo gubernamental que tiene recursos suficientes, no sólo para el avión presidencial de 34 millones de dólares, sino para un nuevo Palacio, un museo en Orinoca y para solventar su costosa visión militarista.

El rechazo al magro reajuste salarial y el paro de 72 horas dispuesto por la COB es la respuesta de los trabajadores y trabajadoras que, acompañada con movilizaciones en todo el país, pone sobre la mesa la penosa realidad, inmutable después de seis años, de que aún existen sectores privilegiados producto de la prebendalización del gobierno y la incapacidad de redistribuir la riqueza con equidad y justicia social.

Nuevo clima de confrontación con los indígenas

Con cinismo y doble discurso, el gobierno está preparando las condiciones para una confrontación entre indígenas que defienden el TIPNIS, la Constitución y la propia democracia, y sectores minoritarios de la población que cooptados por el oficialismo, reactivando el racismo dicen estar de acuerdo con la destrucción del territorio indígena mediante una carretera que, con su trazo actual por medio del TIPNIS, sólo favorecerá al expansionismo de los cocaleros del Chapare, a la ampliación del mercado de tierras y a la geopolítica de los brasileños, amén del afán de escarmiento a la dirigencia indígena que derrotó a Evo Morales el año pasado con la VIII marcha y la Ley 180.

Los bolivianos y bolivianas estamos convocados a defender el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la Constitución Política del Estado, apoyando la IX marcha que vencerá el cerco antidemocrático y racista instalado por la militancia masista que por instrucciones gubernamentales está preparando similares escenarios al de Yucumo en el 2011 y que precedió a la delictiva represión en Chaparina. La abrogación de la Ley 222 no es sólo una reivindicación indígena de defensa de su territorio, es la reivindicación nacional democrática por un modelo de desarrollo alternativo, especialmente inscrito en el horizonte de la construcción plurinacional que supone respeto e igualdad de todos los pueblos y culturas de Bolivia.

Además, y con motivo del recurso de inconstitucionalidad que el MSM presentó contra la Ley 222 el pasado 27 de febrero, el Tribunal Constitucional debe dar cuenta o de su institucionalidad o de su subordinación al gobierno. O atiende la irrefutable fundamentación presentada por nuestros diputados declarando la inconstitucionalidad de la Ley 222 porque de consulta previa, libre e informada no tiene nada, o hace coro con el gobierno para pisotear la Constitución validando con la Ley 222 una acción política gubernamental nefasta para los pueblos indígenas y la perspectiva de largo plazo del país.

El Movimiento Sin Miedo denuncia que el gobierno, para reposicionarse y reposicionar a su candidato, está eligiendo la vía de la fuerza contra los sectores movilizados, insultando y amenazando a los trabajadores de la salud, preparando la agresión física a la marcha del TIPNIS, generando un peligroso clima de incertidumbre y alentando expresamente una línea de confrontación entre bolivianos, cuyo único responsable es y será el gobierno.

Por ello exigimos al gobierno que deje de lado sus planes mezquinos de “reposicionamiento” a costa del país, que recobre un mínimo de sentido común para desandar lo equivocado. Deben abrogarse de inmediato tanto la Ley 222 cuanto el decreto 1126 para restablecer un clima nacional de diálogo y luego rediscutir los temas de fondo que reclaman solución.