24 de abril de 2013

Fiscal Santos intenta contrarrestar las revelaciones de la exministra Chacón al decir que rompieron la cadena de mando


Evo y Álvaro monitorearon la represión

Tras las revelaciones de la exministra de Defensa, Cecilia Chacón, en sentido de que el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el exministro de Gobierno Sacha Llorenti monitorearon la represión a la VIII marcha indígena en Chaparina, la fiscal Patricia Santos anticipó que para el Ministerio Público hubo ruptura de la cadena de mando puesto que el exsubcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz Colodro, no informó del operativo al comandante de ese momento, general Jorge Santiesteban.

De inmediato, Aida Camacho, abogada del Movimiento Sin Miedo y denunciante del caso Chaparina, dijo que las afirmaciones de la fiscal Santos confirman el grado de manipulación en la investigación que ya lleva más de un año y medio, y señaló que una vez estudiadas en detalle las declaraciones de la representante del Ministerio Público, se pediría su recusación por anticipar criterios antes de que concluyan las indagaciones.

Santos dijo a los periodistas que en sus declaraciones ampliatorias Muñoz Colodro sostuvo que no informó a Santiesteban del operativo represivo, pese a que la máxima autoridad policial encargada del mismo fue él, y que el general Modesto Palacios habría declarado que no hubo posibilidad de dar marcha atrás en la represión policial a indígenas de tierras bajas y altas porque todos, policías y reprimidos, estaban dispersos.

Este lunes, Camacho reveló el contenido de la declaración de Chacón a la comisión de fiscales que investiga el caso Chaparina que apunta que el 25 de septiembre del 2011, cuando se perpetraba la violación a los Derechos Humanos en Chaparina, los primeros mandatarios, Llorenti y otros dignatarios de Estado monitorearon las acciones represivas de la Policía.

“García Linera mintió”

“El señor Vicepresidente en días pasados ha informado a los fiscales que él no conocía de la intervención, tampoco el señor Presidente (Evo Morales) y tampoco el señor (Sacha) Llorenti, ese es el motivo por el que queremos que la población sepa y se entere que se está distorsionando, que se están diciendo verdades a medias, mentiras y no se está permitiendo una investigación transparente”, dijo Camacho este martes en conferencia de prensa.

García Linera respondió a las preguntas que le formuló por escrito el Ministerio Público sobre el caso Chaparina y señaló que el Presidente del Estado, el Exministro de Gobiero y él desconocían del operativo represivo.

Sin embargo, Chacón declaró que Morales, García Linera Llorenti, el canciller David Choquehuanca, el entonces ministro de la Presidencia, Carlos Romero y el ahora exviceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, participaron en una reunión de gabinete político en la residencia presidencial donde monitoreaban todo lo que ocurría en Chaparina.

Chacón también informó que participó en dicha reunión a la que llegó tarde entre las 20:00 y 21:00, “momento en que el Ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) hablaba por teléfono y daba algunos detalles sobre el traslado de las personas a Chaparina”, señala textualmente la declaración de la ex ministra.

En su respuesta sobre lo que escuchó hablar a Llorenti, la Exministra señaló: “No recuerdo exactamente sus palabras, simplemente recuerdo que recibía llamadas telefónicas por las que le informaban los acontecimientos, como traslado de personas, y que se habían bloqueado los caminos y que iban a ser trasladadas a otro lugar, no recuerdo a qué lugar en este momento, decían que la marcha se había desarticulado y que se iban a ver los medios para trasladarlos hasta sus domicilios, comunidades”.   

Los verdaderos responsables

Las declaraciones de Chacón, según la abogada de los Sin Miedo, revelan que “los responsables son nuestros más altos dignatarios de Estado que no solamente estuvieron monitoreando (la represión), sino que sabían cada una de las acciones que se estaban realizando en Chaparina”.

Camacho informó que existiría una determinación gubernamental para que el caso Chaparina no continúe y se siga propiciando la impunidad a quienes dieron la orden para que el 25 de septiembre de 2011 se reprima violentamente a los indígenas del TIPNIS que defendían su territorio.