14 de mayo de 2013

Revollo cuestiona construcción de galería en la ex “Chito Casa”


EL DIARIO: La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, observó el propósito de la construcción de una galería en la ex “Chito Casa” con aval de la Gobernación de La Paz y pedirá investigar el procedimiento de adjudicación de la obra por cuanto no habría sido transparente para impulsar esa obra valuada en Bs 5.187.400.
Revollo dijo que ninguna institución del Estado tiene competencias para construir un bien inmueble para fines comerciales, porque la administración pública está destinada a generar espacios físicos y políticas que tiene que ver con el bienestar de la población.
Sostuvo que en caso de comprobarse la intención de alquilar oficinas, la Gobernación de La Paz estaría incurriendo en la figura de incumplimiento de deberes, y eventualmente daño económico en la medida que está utilizando recursos del Estado.
La Gobernación de La Paz ordenó demoler la “Chito Casa” y edificar una Galería y Oficinas en la denominada “Casa Gallardo” que fue observada por la Junta de Vecinos de la zona Gran Poder, con una inversión de Bs 5.187.400, en un procedimiento poco claro por el cual se adjudicó a la empresa Tera Ingeniería, bajo la modalidad llave en mano.
El gobernador César Cocarico aclaró que no existe intención de alquilar oficinas en ese inmueble sino cubrirá una sentida necesidad de desconcentrar oficinas para funciones de la Gobernación de La Paz, por tanto, descartó aquellas sospechas vecinales.
La autoridad negó también una solicitud de la Junta de Vecinos de otorgar una sede vecinal, lo cual generó un malestar en esa populosa zona, donde la directiva se declaró en Estado de emergencia a la espera de una audiencia con el Gobernador para aclarar y despejar dudas sobre el procedimiento de adjudicación.
Dio un plazo hasta el 25 de mayo para responder a sus inquietudes, tomando en cuenta que la zona necesita la habilitación de servicios de salud, atención de un retén policial y otros ambientes de función social, algo que la Gobernación se niega a dar por entender que no puede disponer de bienes públicos para funcionamiento y uso de particulares.