19 de junio de 2013

Librepensantes contra García Linera; Almaraz: Evo concentra el poder


ERBOL: La expresidenta de diputados, Rebeca Delgado, y los senadores Manuel Limachi y Carmen García, todos del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), esgrimieron duras críticas contra el vicepresidente Álvaro García Linera, a quien coincidieron en calificar de “confrontacionista”.

Los argumentos utilizados por los denominados librepensantes reflejan una actitud impositiva por parte del Segundo Mandatario, quien a decir de Delgado, es el que “presionó” a los legisladores para que aprueben Leyes anticonstitucionales, como sucedió con el proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes o la referida a las autonomías.

“Tengo información que hay una orden del vicepresidente de hundirme políticamente (…) no es utilizando a gente, no es amedrentando; esa política del terror debe terminar aquí. Eso no va hacer que el proceso de cambio termine (...) hay que ser serios, no es así como se elimina a la gente”, sostuvo la expresidenta de la Cámara de Diputados.

Limachi, notoriamente enfadado, denunció que el gobierno utilizó a los indígenas y organizaciones sociales para llegar al gobierno y ahora imponer el poder con “masistas disfrazados”. Acusó al entorno palaciego de evitar que Evo Morales se reúna con sus verdaderas bases.

“No podemos echar a perder este proceso de cambio, no se está avanzando tal como lo hemos prometido a nuestro pueblo, lo único es que la gente de la derecha ahora nos está conduciendo (…) Yo no conozco si él (Álvaro García Linera) es masista, no sé si se habrá afiliado”, aseveró el representante de Pando.

A juicio del senador, corre peligro la segunda reelección del Presidente al estar acompañado de García Linera. “No se conseguirá ni un sólo voto en Pando si las cosas van a seguir así”, aseguró el asambleísta.

En otra oportunidad, Carmen García criticó una posible candidatura del vicepresidente García por considerar que se debe otorgar esa oportunidad a un indígena.

Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras del gobierno del MAS atribuyó este “intenso debate” en el oficialismo a los efectos devastadores de las contradicciones en las políticas gubernamentales. “Se dio la vuelta y no se es consecuente con la transformación social prometida a la población”, dijo.

Acusó a Evo Morales de concentrar todo el poder en sus manos y de ser el responsable de todas las decisiones -buenas y malas- en su gobierno.

“Todas las decisiones importantes en este gobierno; las malas que a estas alturas son las más, pero también las buenas que hubo en el primer gobierno de Evo Morales, todas las decisiones importantes las toma él (Evo Morales), (…) es risible siquiera pensar que él no se haya enterado de la intervención a Chaparina o el Gasolinazo, todas las decisiones las toma él”, remarcó.


Un grupo de personas llama a construir un programa para Bolivia
LLAMAMIENTO
A LA CONSTRUCCIÓN DELIBERATIVA Y PARTICIPATIVA DE UN PROGRAMA MÍNIMO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE BOLIVIA

El 22 de junio de 2011, hace ya casi dos años, un grupo de bolivianas y bolivianos, sintiéndonos en el deber moral de dar nuestra palabra, y sin más representación que la de nuestras propias personas, emitimos el ”Manifiesto por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo”. Abrimos así la discusión pública sobre los actos del Gobierno de Evo Morales que, ya en aquel momento, revelaban su traición al mandato recibido del pueblo boliviano, y fundamentalmente expresado en la “agenda de octubre” y en las demandas históricas de tierra y territorio de los Pueblos Indígenas.
A despecho de la respuesta entonces dada por el Gobierno, los hechos posteriores han confirmado la veracidad y pertinencia de nuestro manifiesto. A siete años de dictarse la “nacionalización” de los hidrocarburos y la refundación de YPFB, la frustración de las mismas es inocultable, pues YPFB no ha salido de su marginalidad e intrascendencia, y la producción de los hidrocarburos sigue bajo el monopolio de Petrobras y Repsol, operadoras de más del 85% de la producción de hidrocarburos en el país.
La entrega de la producción de hidrocarburos y minerales a las empresas extranjeras, continúa negando el derecho de consulta a los pueblos indígenas, en cuyos territorios se realiza la extracción de recursos y una completa destrucción de su medio ambiente. Para imponer el negocio de las grandes petroleras y mineras se recurre a la represión directa, a la división de las organizaciones indígenas, y a la cooptación y compra de sus dirigentes. El gobierno maneja las finanzas bajo riguroso monitoreo anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), y se entrega atado de manos y pies al capital internacional colocando sus bonos en Wall Street solo para granjearse la simpatía del gran capital. A cambio, ha logrado crecientes congratulaciones de esa máxima institución internacional del capitalismo.
En el campo de las reformas institucionales y la administración de los poderes públicos, el Gobierno de Evo Morales ha desatado, rápida e intensamente, la vocación autoritaria y el carácter corrupto que ya se anunciaba con claridad hace dos años. La llamada “revolución de la justicia”, con la que ha encarado la reforma del sistema de justicia, ha cumplido el propósito principal de someter a los jueces y fiscales a su arbitraria voluntad, de manera tan descarnada como pocas veces se vio en la historia de invariable servidumbre de la justicia boliviana al poder económico y político.
Si el carácter antipopular del Gobierno es evidente en sus políticas de continuidad neoliberal, su carácter antiindígena, aún más claro y contundente, ha llegado al grado de verdadero ensañamiento. El Gobierno de Evo Morales es profundamente antiindígena desde sus más básicas concepciones de la economía, el desarrollo y el ejercicio del poder político, en las que reproduce a plenitud el pensamiento y los propósitos del colonialismo interno y del capitalismo extractivista y neoliberal. En el conflicto del TIPNIS, el Gobierno ha concentrado y desnudado su feroz agresión a los pueblos indígenas de Bolivia, particularmente a los de las tierras bajas. Así, para servir a los intereses del mercado y del capital extranjero, mediante la apertura de la repudiada carretera por el TIPNIS, ha violado gravemente los derechos constitucionales indígenas al territorio, la libre determinación y la consulta previa, libre e informada. Para doblegar la obvia y legítima resistencia indígena, ha desatado la violenta represión contra su pacífica movilización, se ha lanzado a la división y cooptación general del movimiento indígena mediante la más despreciable coacción, y ha querido convertir el derecho indígena a la consulta en un absoluto e insultante fraude.
El Gobierno se ha convertido en un instrumento de violación constante de la Constitución Política, desde el artículo 7 que establece que la soberanía reside en el pueblo, que se gobierna en forma directa (es decir, por medio de la asamblea del pueblo), y también por la forma representativa (es decir, a través de los partidos políticos). Vivimos bajo la dictadura de un solo partido, con la oposición vacilante de la derecha que trata de sacar provecho de sus errores, pero que tampoco defiende consecuentemente la Constitución, cuya vigencia trató de impedir por todos los medios.
Esta es nuestra Constitución, aunque es cierto que el Gobierno negoció una buena parte de su contenido con la derecha en los infames acuerdos políticos de septiembre de 2008. Aún así, la Constitución hoy vigente tiene un importante contenido democrático. La Constitución estipula claramente el fin de la dictadura monopólica de los partidos políticos, establece formas de autogobierno, el gobierno por usos y costumbres, y que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y no del Estado, que solo es el administrador.
En los recientes acontecimientos de las movilizaciones de la COB por una ley de pensiones justa y humanitaria, el Gobierno muestra por completo su carácter represor y anti-obrero, y esgrime sistemáticamente todos los argumentos de los gobiernos burgueses y neoliberales, acusando de golpistas las acciones populares, irrespetando los aportes de los trabajadores para su jubilación y generando conflictos intersectoriales para no solucionar los problemas de fondo del país.
Este Gobierno ha violado el mandato del pueblo y la Constitución, y ha perdido toda legitimidad. Ahora pretende perpetuarse violando la disposición constitucional transitoria que él mismo acordó y comprometió cumplir. De él solo se puede esperar la continuidad de la traición y la violación cotidiana de la democracia y la voluntad popular. Para que los sectores populares derroten al gobierno traidor y a los otros instrumentos del poder transnacional y oligárquico, es imprescindible la convergencia de su acción reivindicativa y de su iniciativa política en la construcción de una nueva y auténtica alternativa política para la transformación liberadora del país. Es en este desafío que comprometemos la continuidad de nuestra lucha, y es para vencerlo que queremos compartir nuestro aporte con el de todas las bolivianas y bolivianos dispuestos a construir un futuro distinto. En esta dirección, asumimos la necesidad de basar la acción política, primero, en la afirmación ética de concebir la política como el compromiso con el destino colectivo, de cuyo cumplimiento se deben esperar muchos sacrificios y ningún provecho personal. Luego, en la definición de sus propósitos estratégicos concretos, es decir, en un programa de transformaciones que exprese, en referencia a la realidad social concreta, las acciones que darán contenido y forma al nuevo Estado y a la nueva sociedad, y que guíen la lucha de los sectores populares por sobre las presiones de la coyuntura.
Por ello, los que emitimos el manifiesto del 22 de junio de 2011 y otros compañeros que comparten nuestras inquietudes y compromisos, con la sola representación de nuestras propias personas, como entonces, y sin ninguna pretensión de ejercer conducción o fungir de vanguardia, llamamos a todas las bolivianas y bolivianos que como personas o agrupaciones asumen la impostergable necesidad de una alternativa política para un mejor país, a concurrir a un amplio espacio deliberativo destinado a la construcción colectiva y democrática de un programa para la transformación de la sociedad y el Estado bolivianos. Con este propósito, proponemos a todos y a todas, encontrarnos en la ciudad de Cochabamba, durante dos días de la primera semana del mes de julio.
Hermanos y hermanas, compañeras y compañeros: contamos con todos ustedes para compartir esta ineludible tarea de dignidad y compromiso con nuestro destino colectivo. 
Alejandro Almaraz / Ana María Bravo / Emma Céspedes / Marcelo Delgadillo / Raúl España / Roberto Fernández / Gustavo Guzmán / Fernando Machicao / José Martínez / Juan Perelman / Pablo Regalsky / Luis Rojas / Víctor Hugo Sainz / Moisés Torres / Roberto Valdivieso / Jaime Zapata 
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