5 de julio de 2013

El vivir bien y el Estado penal son políticas que no riman, según investigadores

Periódico Digital PIEB • La creación del enemigo interno que estigmatiza a algunos sectores de la sociedad, la militarización de la seguridad, la tendencia a judicializar problemas sociales (accidentes de tránsito, alcoholismo, abuso de drogas) y la orientación penalizadora de las normas, entre otras cosas, son líneas de acción estatales que refuerzan un Estado penal.
Así describe el investigador Theo Roncken el panorama de la seguridad interna en el país, en una investigación que comparte con Gloria Achá, ella específicamente sobre la política anti drogas, ambos investigadores de Acción Andina. En los estudios presentados se explora “algunas de las contradicciones en el discurso y la promesa electoral (del actual gobierno) con la implementación práctica de las políticas” en materia de seguridad y tratamiento hacia las drogas.
La definición de vivir bien desde el Estado Plurinacional, como concepción en construcción, permite “orientar el diseño y la implementación de las políticas públicas”, dice Roncken. Sin embargo, un examen a los avances, alcances y desafíos del Sistema de Seguridad Ciudadana (Ley 264) muestra un panorama que continúa la persecución y castigo de aquellos aspectos relativos a la inseguridad.
El balance muestra que, por ejemplo, cuando la Coordinadora de la Mujer impulsó la inclusión del tema género (por los casos de violencia, feminicidio, etcétera) en la Ley de Seguridad Ciudadana, esto derivó en una inmediata “ampliación de las facultades del Estado penal”. Es decir que la forma de encarar nuevos hechos tiene que ver con el endurecimiento de la sanciones.
Roncken advierte que, para finales de 2012, la puesta en marcha de una política de seguridad ciudadana continuaba como tema pendiente del Estado. “No obstante la reciente apertura a la participación directa de nuevos actores en las instancias de decisión de un área tradicionalmente muy reservada –continúa, el accionar estatal no se ha apartado de las habituales rutinas institucionalizadas; y aún no hay muestras de algún avance en la instalación de una eficaz veeduría democrática en materia de seguridad ciudadana, ni en la implementación de la muchas veces anunciada reforma estructural de la Policía boliviana”.
La norma que define a la seguridad ciudadana como “un bien común” orientado hacia el vivir bien se manifiesta contraria a la realidad de nuevas disposiciones legales, discursos y acciones concretas que se expresan de manera punitiva, dice Roncken.
La mirada hacia la política antidrogas, la investigadora Gloria Achá habla de la “desproporcionalidad en el sistema penal antidrogas boliviano” que ha continuado con las políticas represivas y de modelos autoritarios. Justamente el tema de las drogas ha sido muy importante en la introducción de esos modelos: la reintroducción, se podría decir, en democracia, de esos modelos autoritarios en otras temáticas como es la seguridad pública, hoy seguridad ciudadana.
Referencias bibliográficas El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus alcances para el Vivir Bien. En: Vivir Bien y Estado Penal – Políticas que no riman. Roncken, Theo; Achá, Gloria. Acción Andina. 2013.