12 de julio de 2013

Justicia ordinaria y justicia indígena originario campesina


DEFENSORIA DEL PUEBLO: La Defensoría del Pueblo, ante la determinación del Ministerio Público de ordenar la aprehensión de dirigentes del Territorio Indígena  y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por una denuncia interpuesta contra ellos, en el caso de los hechos sucedidos en la comunidad San Pablo, el pasado mes de junio, ubicada en ese territorio indígena   expresa lo siguiente:
Manifestamos nuestra preocupación por esta determinación que a nuestro criterio no corresponde, ya que no considera el precepto constitucional y los principios establecidos en la Ley de Deslinde Jurisdiccional que otorgan igualdad jerárquica entre la justicia indígena originario campesina y la justicia ordinaria, en ámbitos que son de su competencia.
Las acciones que puedan tomarse desde la perspectiva de la justicia ordinaria y que incluyan detención o persecución, sin haberse definido con claridad y por órgano competente, la jurisdicción que corresponda, puede implicar la vulneración de los derechos humanos individuales y colectivos de las naciones y pueblos indígenas, y generar un peligro precedente, especialmente si el tema aún no ha sido dilucidado por el Tribunal Constitucional que, a criterio nuestro es la instancia que debe determinar claramente esta cuestión.
Consideramos que como sociedad y como Estado, debemos ser consecuentes y obedientes con los principios que establece la Constitución Política del Estado, y que son una decisión del pueblo, especialmente en el tema del respeto, la defensa y la promoción de los derechos de las naciones y pueblos indígena originarios, evitando su interpretación  en base a criterios coyunturales o políticos o su adaptación a criterios que buscan menoscabarlos o ignorarlos.
La Defensoría del Pueblo realizará un seguimiento riguroso a fin de que estos derechos sean respetados y garantizados.