22 de julio de 2013

Unos 15 pueblos indígenas en peligro de desaparecer en Bolivia


EN DEBATE UNA LEY QUE TIPIFICA LOS DELITOS DE GENOCIDIO Y PERTURBACIÓN CULTURAL


La Paz, Tiwanaku y Naciones Unidas (PL y agencias).- Al menos 15 pueblos indígenas en aislamiento voluntario están en peligro de extinción en Bolivia, con los que desaparecerán también las huellas de algunas de las costumbres, lenguas y culturas originarias del continente americano, informó el Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia de Bolivia impulsa desde hace meses la socialización de un anteproyecto de ley destinado a proteger a culturas originarias, la mayoría de las cuales están fuera de la civilización. La norma busca salvaguardar las formas de vida individual y colectiva de esas personas y promover el respeto a su identidad cultural, idioma, organización política, territorialidad ancestral, ritualidad y cosmovisión propia.
“El objetivo del proyecto de ley es establecer los mecanismos sectoriales de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar las formas de vida individual y colectiva de las naciones y pueblos indígena originarios que se encuentran en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados”, explicó el director de Justicia Indígena Originaria Campesina Nelson Cox.
En entrevista con Onda China, Cox comentó que la norma incluye las figuras de genocidio y perturbación cultural al Código Penal, con sentencia de seis a 20 años de cárcel para las personas que sometan y dañen a pueblos indígenas en peligro de extinción o en aislamiento voluntario, o que interfieran o contaminen su territorio.
Entre los pueblos indígenas en riesgo se encuentran los Yuki, los Yaminahua, los Machineri, los Urus y también algunos con pocos miembros como Araonas, Morés, Tapietés, Chimanes, Sirionós, Baures, Guarasugwes y Cavineños.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, en una situación más complicada se encuentran los grupos en situación de aislamiento voluntario como los Ayoreos, los Pacahuara y los Esse Ejjas, y otros no contactados como los Toromonas, una parte de los Ayoreos y del pueblo Yuki.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en el artículo 31 la delimitación y consolidación del territorio que ocupan y habitan los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y no contactados, y los pueblos en peligro de extinción. El 4 julio de 2012 el Presidente Evo Morales promulgó el decreto N. 12864 que dispone el inicio de un estudio del hábitat y zonas de tránsito de grupos de ayoreos en aislamiento voluntario y no contactados.
Según el informe “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo” (A/HRC/21/47 del 6 de julio de 2012), presentado por el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya, la extracción y explotación de recursos naturales en territorios indígenas o en sus inmediaciones se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los indígenas de todo el mundo, y posiblemente también en la fuente más generalizada de obstáculos al pleno ejercicio de sus derechos.
El relator especial se refiere específicamente a proyectos de extracción y explotación de recursos naturales existentes en territorios de pueblos indígenas; proyectos hidroeléctricos y de minería; los lugares sagrados o zonas de importancia cultural de pueblos indígenas que corren peligro por los intereses en conflicto; la expulsión de pueblos indígenas de sus tierras y territorios tradicionales; y la elaboración de leyes y políticas nacionales que podrían tener consecuencias adversas para la vida de pueblos indígenas.
Sobre el caso específico de la carretera que el gobierno boliviano pretende construir por medio del TIPNIS, el relator Anaya cita el informe E/CN.4/2003/90 del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhagen, el cual tiene como tema central las consecuencias de los proyectos de desarrollo en gran escala o los grandes proyectos de desarrollo en los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas.
Por “gran proyecto de desarrollo” se entiende un proceso de inversión de capital público y/o privado, nacional o internacional para la creación o la mejora de la infraestructura física de una región determinada, la transformación a largo plazo de las actividades productivas con los correspondientes cambios en el uso de la tierra y los derechos de propiedad de la misma, la explotación en gran escala de los recursos naturales incluidos los recursos del subsuelo, y la construcción de centros urbanos, fábricas, instalaciones mineras, centrales energéticas, complejos turísticos, instalaciones portuarias, bases militares y empresas similares.
Cuando estas actividades tienen lugar en zonas ocupadas por pueblos indígenas es posible que sus comunidades sufran profundos cambios sociales y económicos que a menudo las autoridades competentes son incapaces de comprender y mucho menos de prever. Los proyectos de desarrollo en gran escala afectarán inevitablemente a las condiciones de vida de los pueblos indígenas.
Se dice que los pueblos indígenas soportan de manera desproporcionada los costes impuestos por las industrias extractivas y consumidoras de recursos, las grandes presas y otros proyectos de infraestructura, la tala y las plantaciones, la prospección biológica, la pesca y la agricultura industriales, y también el ecoturismo y los proyectos de conservación impuestos.
Las principales repercusiones de estos proyectos en los derechos humanos de los indígenas están relacionados con la pérdida de la tierra y los territorios tradicionales, el desalojo, la migración y el reasentamiento, el agotamiento de los recursos necesarios para la supervivencia física y cultural, la destrucción y contaminación del medio ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, los efectos negativos a largo plazo en la salud y la nutrición así como, en algunos casos, el hostigamiento y la violencia.
En el continente americano varias culturas originarias están a punto de desaparecer. Por ejemplo en México existen sólo 12 personas mayores de edad hablantes del idioma Náhuatl en la comunidad de Concepción, Putla de Guerrero. Se trata de pastores que perdieron su idioma al convivir con mestizos y migrantes.
Por otro lado, se estima que en Brasil casi 18 mil indígenas de cuatro etnias diferentes en la región norte del estado de Roraima son perseguidos por seis familias de arroceros que se apoderaron ilegalmente de parte de sus tierras y se niegan a salir de allí. Mientras, el hábitat de los indígenas es permanentemente destruido por los intereses empresariales.
En Colombia se censaron 87 pueblos indígenas de los cuales 18 están en peligro de extinguirse. De acuerdo con las cifras oficiales, entre 2004 y 2008 se desplazaron 48.318 personas pertenecientes a pueblos indígenas, aproximadamente el 70% del desplazamiento indígena registrado. Los indígenas huyen por confrontaciones armadas, amenazas y masacres, minas anti personales y reclutamiento forzado de menores y jóvenes.
En Perú se aprobaron nuevas concesiones en la Amazonia que se superponen a una de las áreas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario que escaparon hace un siglo del genocidio de la fiebre cauchera, aislándose en las zonas más remotas de la Amazonía. Estos pueblos son extremadamente vulnerables porque no tienen resistencia o inmunidad a las enfermedades occidentales tan comunes como la gripe, la varicela, el sarampión y varias afecciones del sistema respiratorio.
En los últimos días la dirigenta de la Comarca Ngobe Buglé Silvia Carrera se reunió con el relator Anaya en Panamá y denunció la venta ilegal de tierras comarcales yla muerte de indígenas en una represión policial. En una entrevista telefónica con Prensa Latina, la líder indígena dijo las violaciones de los gobiernos a los pueblos originarios son constantes, pero el actual es el peor de todos.
Carrera acusó al gobierno del presidente Ricardo Martinelli de querer imponer los proyectos mineros, hídricos y venta ilegal de tierras de la comarca a empresas extranjeras, en especial la hidroeléctrica de Barro Blanco sobre el río Tabasará. La cacica entregó a Anaya documentos de las zonas afectadas en la comarca Ngobe Buglé por las anegaciones con el fin de que el relator los añada a su informe y lo presente en Naciones Unidas.
También entregaron al relator los documentos sobre los muertos indígenas asesinados en las manifestaciones en Chiriquí y Bocas del Toro para que los presente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y él aseguró que lo haría. Carrera dijo que los pasos siguientes están relacionados con las visitas que a partir de esta reunión el relator de ONU va a hacer a las comunidades afectadas directamente.
La ONU demanda atención a problemas de pueblos indígenas
Los pueblos originarios de América deberían integrarse como los países del área y conformar una organización internacional para velar por sus derechos, consideró un líder mapuche que visitó Bolivia en junio de este año para participar en la Cuarta Conferencia Indio en las milenarias ruinas de Tiwanaku.
El guía espiritual Aukeni destacó en entrevista con Prensa Latina la necesidad de las naciones indígenas del continente de superar barreras para alcanzar un proceso de integración. “Estoy opuesto a que llamemos a unos mapuches, a otros aimaras, o quechuas. Todos somos una misma cosa, un mismo pueblo, el de los primeros habitantes de este continente. Por eso, creo que más allá de los nombres, deberíamos unirnos, formar entre nosotros una organización que nos constituya a nivel internacional y que nos defienda”, afirmó.
Aukeni consideró que fomentar una comunidad indígena con todas las naciones originarias de América es continuar el ideal de las primeras naciones de la región. “Es cierto que hubo guerras e invasiones, no todo fue color rosa en los tiempos de nuestros antepasados, pero lo que debemos rescatar nosotros es su convivencia pacífica y su ayuda mutua, la necesidad de unirnos para vencer al invasor”, opinó.
De otra parte, en un mensaje a la duodécima sesión del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon subrayó la necesidad de garantizar que los esfuerzos por el desarrollo tengan en cuenta las prioridades, visión, identidad y cultura de los pueblos indígenas. Debemos atesorar, reflejar y proteger la rica herencia y sistemas de valores de esas comunidades, en primer lugar con respecto a la educación, señaló el titular del organismo mundial.
Ban Ki-moon llamó a trabajar por un mayor acceso de las poblaciones autóctonas a los sistemas de salud, con respeto de sus costumbres y tradiciones, y pidió avanzar hacia un mejor entendimiento de los puntos de vista y valores de esos conglomerados, a su inclusión en los procesos de toma de decisiones y a la creación de escenarios para atender sus modos de vida y sustento. Asimismo, instó a reforzar los trabajos con vista a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, a celebrarse el año próximo.
En la sesión inaugural de la reunión de indígenas, los más de dos mil delegados eligieron al abogado Paul Kanyinke Sena (Kenya) como presidente del encuentro de dos semanas en la sede de la ONU en Nueva York. Sena reclamó el reconocimiento de la identidad de las comunidades indígenas africanas y de sus derechos a la tierra y hacer realidad las prerrogativas establecidas en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007.
El foro permanente fue creado en julio de 2000 por el Consejo Económico y Social de la ONU y se ocupa de los problemas de los indígenas en materia de desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos La instancia está integrada por 16 expertos en la materia, ocho designados por los gobiernos y el resto por organizaciones indígenas regionales. Por América Latina y el Caribe están Álvaro Esteban Pop (Guatemala), Bertie Xavier (Guyana), Myrna Cunningham (Nicaragua) y Saúl Vicente Vázquez (México).