11 de septiembre de 2013

Desafíos para una implementación real y concreta de la ley 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia

Autor: Patricia Brañez Cortez 
Socióloga Coordinadora de Proyectos e Incidencia Política Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM

Según datos a nivel global o mundial se menciona que al menos una de cada 3 mujeres en el mundo ha padecido, a lo largo de su vida, un acto de violencia por ser mujeres. Y es que la violencia es ejercida de forma directa contra el cuerpo de las mujeres basado en un sistema patriarcal que reproduce a lo largo de los tiempos relaciones de poder que vigila a las mujeres a través de mecanismos de control real y simbólico. Pierre Bourdieu señala que las estructuras de dominación patriarcal son el producto histórico de un trabajo continuado de reproducción al que contribuyen “unos agentes singulares (entre los que están los hombres, con unas armas como la violencia física y la violencia simbólica) y unas instituciones: familia, Iglesia, Escuela, Estado”1. 

La violencia contra las mujeres es una acción concreta que coarta la libertad y la voluntad, por lo tanto es un acto intencional que está dirigido a menoscabar física y emocionalmente Por lo tanto, el patriarcado constituye el fundamento de la dominación de las mujeres por los hombres. Y es en la violencia contra las mujeres, violación sistemática a nuestros derechos humanos más básicos, en que se asienta este sistema y cultura patriarcal que se apropia de nuestros cuerpos simbólica y prácticamente. Cuerpos expropiados que son “disciplinados” a través de la violencia “en hecho y derecho” que la sociedad patriarcal metódicamente refuerza.
Y no es que el patriarcado o la dominación de los “hombres” a las mujeres haya permanecido igual pero si se ha reciclado con la ampliación de los derechos ciudadanos de las mujeres, los procesos de reivindicación de los derechos de las mujeres que se han dado a nivel global, regional y nacionales, ha traído consigo un proceso también, de resignificación del patriarcado y sus mecanismos, que han supuesto readecuación de su “comportamiento de control y dominio de “baja intensidad” naturalizados, legitimados e invisibilizados que ejecutan impunemente, con o sin conciencia de ello. Comportamientos sexistas que están asentados en la vieja y aún no totalmente deslegitimada “autoridad” sobre las mujeres que, aunque no lo confiesen, la mayoría de los varones se siguen adjudicando”2, pero que responde a sus procesos de socialización.
Acciones de imposición, control y vigilancia que continúan, en el día a día, pero “suaves”, “manipuladoras”, “engaños” y/o “tretas”, que en su interior son nuevos mecanismos de dominación o lo que Luis Bonino denomina “micro machismos”, que en definitiva se constituyen en obstáculos y resistencias reales que afectan e impacta la vida de las mujeres en lo cotidiano.
Volveré sobre este punto cuando analicemos los datos, contenido de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de violencia y qué desafíos tenemos, como sociedad y como mujeres, para su implementación.
. Avances normativos sobre violencia contra las mujeres
En nuestro país siendo signataria de Tratados y Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos en general y de las mujeres en particular. Estos al ser firmados y ratificados por nuestro Estado se han plasmado en diferentes normativas, planes y programas con el objetivo de ampliar, garantizar y proteger los derechos de las mujeres.

Entre los instrumentos internacionales3 más importantes de protección a los derechos humanos de las mujeres, ratificados por el país están:
- La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de discriminación Contra la Mujer – CEDAW, ratificada por el Estado Boliviano en 1989 por Ley No 1100 que señala que la discriminación contra la mujer es la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil.
La Convención compromete a los Estados a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer. Bolivia ratificó también el Protocolo Facultativo de la CEDAW en año 2000 por Ley No 2103, reafirmando su compromiso para asegurar a las mujeres el disfrute pleno de todos sus derechos humanos.
- La Declaración sobre la eliminación contra la Mujer de 1993, define a la violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención Belem do Pará, ratificada por Bolivia en 1994 a través de la Ley No 1599, que define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado. Define que la violencia que se da al interior del domicilio y la familia incluye la violación, el maltrato y el abuso sexual y establece como tipología de la violencia en física, sexual y/o psicológica.
El Estado boliviano al ratificar la Convención Belem do Pará asume compromisos para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, se respete su vida, su derecho a la integridad física, psicológica y sexual, su derecho a la libertad y a su seguridad personal, su derecho a la igualdad de protección ante la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido en los tribunales competentes y que la protejan de actos que violen sus derechos.
- El Estatuto de Roma, ratificado en 2002 por Ley No 2398, instrumento internacional de gran relevancia para las mujeres porque califica la violencia y la violación como delitos de lesa humanidad.
Estos están plasmados en la Constitución Política del Estado (2009), que reconoce y garantiza como Derecho Fundamental en el Art. 15 inciso I que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (...); en su inciso II determina que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad” y, en su inciso III señala que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.”
Así como en el:
- Plan Nacional para la igualdad de oportunidades “Mujeres Construyendo la nueva Bolivia para Vivir Bien” en el que se prioriza como eje central violencia hacia las mujeres.
- Decreto Supremo No 1053 Declaración del Día y Año de la no VCM (Nov.2011- Nov.2012).
Decreto Supremo No 1363 de septiembre 2012 que declara de prioridad y necesidad en todo el territorio del Estado Plurinacional la difusión y la realización de una campaña de sensibilización y concientización dirigida a la población en general, a objeto de prevenir, luchar y erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres. Para lo cual se conforma un Comité de Lucha Contra toda Forma de Violencia Hacia las Mujeres conformado por la Ministra de Justicia, Ministro de Educación, Ministra de Comunicación, Mujeres representantes de Organizaciones Sociales y de la Sociedad Civil, para diseñar, impulsar y ejecutar medidas de prevención y educación, destinadas a erradicar toda forma de violencia en contra las mujeres, a través de difusión y campañas de sensibilización y concientización dirigidas a la población en general.
Así también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la asignación de recursos del Tesoro General de acuerdo a la disponibilidad financiera.
Y finalmente, la promulgación de la Ley N° 348 Integral para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

3. Más que cifras una realidad (cotidiana)
Algunos datos:
Mujeres en situación de violencia:
 Los datos oficiales señalan que 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en
sus hogares. Un 75% de mujeres en situación de violencia reincidente no denuncian. Del total de mujeres que declararon haber sufrido violencia en sus hogares, el 53% no tomo ninguna acción y sólo poco más de un 17% realizaron denuncia.
 El INE señala que de 5.610 casos por violencia física y sexual atendidos en el sistema de salud público en la gestión 2007 a nivel nacional, 4.582 correspondía a mujeres y 1.028 a hombres. En el informe presentado en noviembre del 2010 entre INE y Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se hace referencia a una relación al registro de 10 casos, 9 correspondían a denuncias realizadas por mujeres. Por otro lado, señalan que de 10 hechos violentos en Bolivia sólo 3 son denunciados.
 La OPS y el CDC (2013) señala que Bolivia está en el primer lugar de violencia física de 13 países del continente y en segundo lugar, después de Haití, en violencia sexual. Y que sólo el 17% de mujeres en situación de violencia denuncian el hecho.
 Y de acuerdo a los datos recopilados de denuncias procesados y analizados por CIDEM (Sistema para la Vigilancia Ciudadana desde una Perspectiva de Género SIVICIGE y Observatorio Manuela Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo) en las 9 ciudades capitales y la ciudad de El Alto en el quinquenio entre 2007 – 2011 se ha registrado un total de 442.056 denuncias a nivel nacional (datos urbanos) de hombres y mujeres de diferentes grupos etáreos.

Los cuadros anteriores pretenden mostrar la magnitud de la violencia en nuestro país. La violencia contra las mujeres está institucionalizada porque operadores/as y administradores/as de justicia todavía aplican las normas jurídicas con sesgos de género, discriminando y desconociendo derechos constitucionales que las mujeres tenemos, identifican que no existe una clara voluntad política para proteger a las víctimas del delito, ahora calificado, de feminicidio. Podemos afirmar que la naturalización y normalización de la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia son los principales factores de los feminicidios en nuestro país, porque no hay sanciones para los feminicidas.
Los datos quinquenales también nos muestran las debilidades institucionales para registrar la denuncia desagregada por sexo o edad, así como debilidades en los mecanismos de seguimiento que ingresan a instancias judiciales, sólo como referencia de la denuncia total (442.056) en estos 5 años 247.369 mujeres han denunciado estar en situación de violencia, pero sólo 51 agresores han recibido sentencia ejecutoriada.
Se agrava la situación cuando analizamos los datos emitidos por el Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo. Estos muestran que entre el 2009 y los 2 primeros meses de la gestión 2013 se han registrado en los medios de comunicación un total de 621 muertes violentas de mujeres. De estos el 64,89% son feminicidios y 35,10% asesinatos por inseguridad ciudadana. Finalmente, señalar que hasta la gestión 2012 una mujer víctima de asesinato o feminicidio cada 3 días. Mientras que para los dos primeros meses de 2013 una mujer es víctima de asesinato o feminicidio cada 2 días en nuestro país. Esto sin tomar en cuenta los datos de marzo, pero es fácil darse cuenta que ha recrudecido.
4. Ley No 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia - A modo de descripción.
 Esta compuesta por 100 artículos, distribuidos en 5 títulos.
 Título I – disposiciones generales con un capítulo único con 7 artículos.
 Título II – políticas públicas e institucionalidad. Con 2 capítulos: Políticas Públicas (8
artículos) e Institucionalidad con un artículo referido al ente Rector.
 Titulo III – Prevención (cap. 1 con 7 artículos); atención (cap. Con 8 artículos) y protección (cap. Con 10 artículos).
 Titulo IV – Persecución y sanción penal. Capítulo I sobre denuncia con 11 artículos; capítulo II sobre investigación con 8 artículos; capítulo III sobre persecución penal con 7 artículos; y, capítulo IV sobre jurisdicción ordinaria.
 Título V – Legislación Penal. Con un capítulo I con 8 artículos sobre sanciones alternativas; capítulo II con 3 artículos en los que se modifica el código penal, se incorporan nuevos tipos penales y se añade un capítulo III de delitos de violencia económica y patrimonial al título VII del Código Penal de delitos contra la familia; en el capítulo III se refiere a la simplificación del procedimiento penal por delitos de violencia contra las mujeres con 15 artículos.
 Por último, tiene 8 disposiciones transitorias y 2 disposiciones abrogatorias y derogatorias.
En primer término, quisiera afirmar que la promulgación de esta ley es un logro del movimiento de mujeres y feministas del país. Si evaluamos sus componentes en relación a la ley 1674, si constituye un avance importante, aunque también es necesario señalar que de la propuesta desde las mujeres se ha incorporado entre un 70 a 75% de lo planteado, eso no significa desmerecer su contenido y los retos que nos plantea para que tenga una real implementación y dé respuesta a los altos índices de violencia contra las mujeres en nuestro país y como prevenirla. En este sentido se han planteado algunas observaciones y señalado también críticas respecto principalmente a los procedimientos. Nudos y desafíos. Es evidente, que la ley 348 nos plantea modificar incluso nuestra mirada social y cultural y eso significa, desde mi punto de vista des- estructurar y deconstruir a la sociedad, en primer término, para que desnaturalización de la violencia contra las mujeres. Por lo que la primera medida desde el estado tendrá que ser acogidas a la ley y al decreto supremo 1363 destinar recursos económicos que permitan, no sólo promocionar la ley, sino motivar cambios de comportamiento sociales frente a la violencia como dispositivo de control y vigilancia y eliminar estos mecanismos señalados en la introducción denominados micro machismos, incluso de bromas o chistes, en el sector educativo, de salud, laboral y medios de comunicación masiva y a través de medios de comunicación, para modificar comportamientos individuales y sociales violentos y aquellos que toleran, y reproducen la violencia. Campañas y procesos de sensibilización que deben contemplar el área rural, a mujeres indígena originaria campesinas y sus autoridades. Es importante y acogiéndome a los compromisos y voluntades políticas expresada por el primer mandatario y el vicepresidente del estado plurinacional resoluciones, es necesario viabilizar desde el Tesoro General de la Nación el presupuesto necesario para que el Órgano Judicial, a la brevedad posible, inicie la capacitación y sensibilización a Jueces y Juezas que serán los encargados/as de implementar los Juzgados de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres. Así como presupuesto para la infraestructura y su equipamiento. 

Es importante que el Ente Rector – Ministerio Público coordine con el Consejo de la Magistratura los contenidos de una malla curricular sobre derechos humanos, violencia contra las mujeres, normativa, procedimientos y protocolos de atención a ser incorporados en la Escuela de Jueces.
La instalación de los Juzgados de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres amerita una atención prioritaria, ya que por los datos recogidos de algunas ciudades los juzgados de instrucción de familia sólo en hechos anteriores a la promulgación de la ley 348 están recibiendo denuncias o continuando con las causas ingresadas. No existe un instructivo para que los juzgados liquidadores continúen con las causas en apelación. Instituciones en torno a la Red de Violencia Intrafamiliar de la ciudad de El Alto ha logrado un instructivo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el que se señala conocer y continuar con la tramitación hasta la conclusión de todas las denuncias
de hechos de violencia intrafamiliar y/o doméstica anteriores a la promulgación, instruye que no se debe remitir ninguna causa a juzgados penales denuncias posteriores a la promulgación de hechos de violencia anteriores a la promulgación. Instruye, finalmente, la incorporación en el sistema IANUS de todos los tipos penales incorporados en la ley 348. Consideramos que este precedente debe ser replicado a nivel nacional, urbano y rural, por el Tribunal Supremo de Justicia. Con una medida nacional de este tipo, se espera evitar la carga procesal en juzgados penales y que se tomen acciones para que no se pierda la “historia de violencia” de la mujeres que han realizado denuncias anteriores a la promulgación de la ley 348. Esto es considerado muy importante, ya que la ley contempla que por reincidencia no se conciliará, este podría se un mecanismo para que las mujeres no sean inducidas a conciliar con su agresor. Por otro lado, no podemos plantearnos que a partir de la promulgación de la ley se inicie el “conteo” de hechos violentos. Al mismo tiempo esto significa que el SIPPASE deba ser construido a la brevedad posible, un verdadero reto para el ente rector – Ministerio de Justicia. Asegurar partidas presupuestarias para el Ministerio Público, la especialización y sensibilización al personal interdisciplinario que como obligación tiene, de acuerdo a la ley 348, recepcionar, investigar, tramitar las denuncias y que la prohibición de conciliación se cumpla. Ya que por la experiencia se conoce que se “induce” a las mujeres a conciliar o “reconciliarse” con su pareja, poniendo a las mujeres en situación de violencia en riesgo de feminicidio. Tenemos conocimiento que en el Ministerio Público están discutiendo proactivamente las competencias que tienen respecto a los mandatos de la Ley 348. Sin embargo, señalan falencias tanto en presupuesto como en la asignación de fiscales especializados. Sugieren la incorporación en la reglamentación general de la Ley de divisiones especiales con artículos claros que señalen las tareas concretas por división. Son propuestas que deberían ser tomadas en cuenta por la Fiscalía General de la Nación.
9. Uno de los grandes nudos que hacen a la investigación es el certificado por un centro o servidor público en salud homologado por un médico forense previa entrevista con la persona que remitió el certificado. Se propone que en la reglamentación general se incorporen artículos específicos sobre este tema, siendo un punto importante a considerar en el IDIF para que asigne un médico forense en los centros de salud pública designado exclusivamente a la atención de mujeres en situación de violencia, gravedad de los hechos con lesiones, derivación y denuncia. Sabemos que para esto es preciso, nuevamente presupuesto, sin embargo también nuevamente se apela a los compromisos señalados por el primer mandatario, vicepresidente, ministra de justicia y asambleístas nacionales en el Encuentro Nacional de Mujeres el 4 de abril de este año. Así como el incremento de presupuesto a la Policía Bolivia para la conformación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, para su infraestructura y equipamiento para la prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los presuntos agresores, y divisiones de asegurando que sea el personal calificado de las ex - Brigadas de Protección a la Familia, de esta manera recuperar la experiencia que desde el año 1996 tienen en la atención y auxilio a víctimas de violencia intrafamiliar. Así como la capacitación y sensibilización de nuevo personal que responda a las competencias definidas en la Ley 348.

Análisis en cada uno de los instrumentos elaborados deben tener un enfoque de interseccionalidad, es decir tomar en cuenta las realidades de mujeres diversas, de diferentes clases sociales, urbanas y rurales, así como articular la propuesta de reglamentación con las formas de ejercicio de la justicia comunitaria de las naciones indígena originaria campesinas. Finalmente, para la formulación tanto de la reglamentación general de la Ley 348 así como la elaboración de protocolos de atención se debe recuperar la experiencia acumulada de las instituciones, que como el CIDEM tiene en sus 30 años de servicio de atención a mujeres en situación de violencia.

Pagina : www.catolicasbolivia.org

Fuente : borisbernalmansilla.org
Documento : Descargar ponencia_pb_-pnud_17-23-04-2013_(....pdf (239.15 KB)