11 de septiembre de 2013

GÉNERO: “Me obligaron a renunciar a golpes”, dice una concejala



Mujeres autoridades denuncian engaño, violencia y acoso político


ERBOL: A Magaly Montes, concejala del Movimiento Sin Miedo (MSM) del municipio de Tolata, en Cochabamba, comenzaron a pedirle su renuncia de forma violenta después que denunció corrupción en la Alcaldía. Sin embargo, no lograron echarla, ella sigue resistiendo. No pasó lo mismo con Rosa Silvestre del municipio de Achacachi, quien contó que a plan de golpes la obligaron a firmar su dimisión.
Como ellas hay otras autoridades que por miedo a represalias sufren en silencio.
El engaño y la falsa promesa también se ciernen sobre las autoridades mujeres. Roxana Calustro concejala suplente del MSM en el municipio de Cliza (Cochabamba) denunció que no le permiten asumir la titularidad. Ella invirtió tiempo y dinero en favor del candidato que le prometió dos años de gestión, pero ahora sólo quiere reconocerle uno. Similar situación ocurría con Gloria Escóbar, también de Cliza, que a tanto reclamar el concejal titular le permitirá asumir el cargo por año y medio.
Casos
Magaly Montes fue víctima de agresión por parte del alcalde municipal de Tolata, Walter Vargas, -también del MSM como ella-  y de miembros del concejo porque presentó denuncias de corrupción por malos manejos de bienes. Las agresiones también provinieron en primera instancia del concejal suplente que le pedía la titularidad.
“Las agresiones recibidas por el alcalde (Walter Vargas) y las señoras de las OTBs es por una invitación que he recibido de parte de ciudadanía para poder aclarar sobre la ley 243 (contra el Acoso y Violencia Política), son las razones y los motivos que estoy siendo acosada políticamente por las mismas autoridades, por eso fui a los medios de comunicación e hice escuchar algunas cosas que pasan dentro del municipio, esa ha sido la razón para recibir las agresiones del alcalde municipal”, testimonió Montes.
La autoridad también presentó denuncias por malos manejos de los bienes del municipio por parte de Vargas como el “uso de los vehículos oficiales sin control” y uso de recursos del municipio sin autorización. “La carta orgánica no se ha llevado todavía a cabo en el municipio pero resulta que el dinero ya fue gastado”; “está el tanque de almacenamiento de agua potable que solo tiene 90 mil bolivianos en el POA y ha pedido una contraparte a la comunidad de 87 mil bolivianos donde no hay un convenio que se ha firmado ni una ordenanza que haya aprobado eso”, apuntó.
La concejala de municipio de Achacachi Sofía Silvestre relató que fue violentamente agredida por las autoridades ediles de su región cuando se opuso a aprobar un proyecto donde ella identificó sobreprecio.
“En uno de los proyectos yo he encontrado que había sobreprecio y he presentado mi informe rechazando y de eso ha empezado el problema. Una vez para tratar el informe en el pleno del municipio la gente ha empezado a alzar la voz, nos han empezado a golpear, y a patadas y a puñetes me han hecho firmar a malas mi renuncia”, sostuvo.
Roxana Calustro, concejal suplente del municipio de Cliza, lamentó que su titular no quiera cumplir su palabra. “Hemos tenido dos conversaciones con mi titular pero lamentablemente él se niega a darme la gestión por alternatividad por año y medio, él dice un año y nada más”. Denunció engaño y discriminación por su condición de mujer.
“El acuerdo que yo tuve es que él asumiría su titularidad tres años y los dos años sería para la suplente, pero lamentablemente después de una conversación que hemos tenido me dice, ‘no, yo lo he pensado y sólo te daré un año para que asumas’; es injusto porque a la mujer todavía nos ven como un caso que tiene que estar esperando ahí pacientemente”, manifestó.
De acuerdo a los reportes de radio Ecológica de Cliza de la Red Quechua de Erbol, las agresiones también se dieron en el municipio de Arbieto donde incluso la situación es más crítica para las mujeres autoridades, así como en los municipios de Tacachi y Toco.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi Ticona, señaló que este tipo de violencia aún se genera en la sociedad y en particular en los municipios pese a que existe el marco legal que protege a la mujer y da las pautas para su implementación.
“La ley de manera específica señala que cada institución tiene la responsabilidad de incorporar dentro de sus reglamentos internos la atención de este tipo de casos, establece que por la vía administrativa un municipio tome en cuenta desde la denuncia, la investigación hasta la sanción, pero eso es un caso que todavía no se está cumpliendo”, dijo.
Marconi dijo que muchas autoridades alegan desconocer las normas aprobadas, sin embargo, agregó, “es una obligación que ellos conozcan las normas ni bien son publicadas en la gaceta oficial”.
“Una vez que una ley es publicada en la gaceta oficial es de conocimiento obligatorio de las autoridades, y hay un aspecto que señala de manera específica la ley, que cada institución tiene la responsabilidad de incorporar dentro de sus reglamentos internos la atención de este tipo de casos”, manifestó.
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