8 de enero de 2014

Los códigos morales y la Justicia que queremos


Por: Héctor Arce Zaconeta
Fuente: La Razón
Al parecer los bolivianos aún no terminamos de darnos cuenta del momento histórico que vivimos en el país, un momento plagado de transformaciones políticas, sociales, económicas y jurídicas, pero sobre todo un momento extraordinario en que los hijos de esta tierra por primera vez hemos tomado consciencia de que sí podemos construir un futuro mejor para nuestra patria, que no existen límites para alcanzar las grandes transformaciones que nos den como resultado la construcción de una sociedad mejor para el futuro. De alguna manera, la mayor transformación que vive Bolivia es que ahora somos una nación que cree en sí misma, que con la misma dignidad de los grandes países cree y sabe que puede triunfar. En última instancia, las naciones, al igual que los seres humanos, solamente alcanzan la victoria cuando creen poder hacerlo.
Lamentablemente, no todos los sectores a los que abarca el cambio que vive Bolivia entienden este hecho. Muchos de ellos se resisten a ingresar en un verdadero proceso de transformación ética y moral. Concretamente nos referimos a algunas instituciones vinculadas a la administración de la Justicia en Bolivia, que aparentemente no han concebido el mandato del constituyente y no han logrado dar el gran salto cualitativo que la sociedad boliviana espera.
Quizá encontremos la razón de ello en que una de las estructuras más conservadoras en la historia del país fue siempre la judicial, que no sufrió mayor cambio desde su origen, absolutamente derivado de otros sistemas, exageradamente formalista y ritualista.
En Bolivia no hubo transformación de la Justicia ni con la consolidación del Estado Liberal después de 1880, ni con la llegada del Constitucionalismo Social en 1938, ni con la llegada de la Revolución Nacional de 1952. Durante gobiernos democráticos y dictatoriales, la lógica conservadora de la Justicia boliviana siempre se mantuvo inalterada.
Hoy, esa suerte de continuismo inalterable de los viejos males de nuestra justicia debe terminar para dar paso a la construcción de una nueva concepción ontológica, ahora es el momento preciso para realizar ese gran salto que todo boliviano, que alguna vez tuvo la desgracia de recurrir a los tribunales, clama de- sesperadamente. Para ello se necesitan conjuncionar dos elementos, con la certeza de que cada uno de ellos por separado, sin el complemento del otro, está destinado al fracaso.
El primer elemento está marcado por la construcción de una nueva codificación, la que debe cumplir ciertos requisitos esenciales que marcarán las bases legales sobre las cuales se edificará la nueva Justicia boliviana, es decir los atinadamente calificados como “Códigos Morales”.
Desde la fundación de nuestro país, siempre nos hemos dotado de normas jurídicas derivadas, es decir normas basadas en otras realidades y en otras legislaciones, la mayoría de ellas leyes copiadas de los códigos europeos, franceses, españoles e italianos, para mencionar solo algunos.  El Estado del pasado, que con mucha razón es calificado por Álvaro García Linera como el “Estado Aparente”, trató de mostrarse en materia de administración de justicia como un Estado moderno, capaz de igualar los cánones de las justicias europea o norteamericana, situación que nos ha dejado con una justicia lenta, formal, ritual, poco transparente, deshumanizada, venal y elitista.
Los nuevos códigos deben partir de nuestra propia realidad, de nuestras propias necesidades, de nuestra propia evaluación de la justicia, deben ser normas simples que generen procedimientos expeditos, que aseguren transparencia, pero que no se basen solamente en la coerción y la amenaza del uso de la fuerza. Más bien deben ser normas que surjan de la racionalidad objetiva que nos marca la realidad. Deben ser normas que generen mayores facultades al juez para buscar la justicia objetiva, normas que permitan priorizar el derecho justo sobre el derecho positivo, normas que le den a los operadores de justicia los mecanismos no sólo para ser jueces, sino también para ser justicieros en las causas que conozcan.
La primera experiencia en la creación de este tipo de normas está marcada por el Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Civil, ambas con origen en la Asamblea Legislativa Plurinacional, creadas íntegramente por abogados bolivianos y caracterizadas por un amplio proceso de construcción participativa. La primera ya se encuentra en su segundo año de vigencia y ha marcado definitivamente grandes transformaciones en la Justicia Constitucional boliviana, gracias también a un desarrollo jurisprudencial verdaderamente amplio e innovador que ha realizado el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La segunda norma entrará en vigencia plena el 6 de agosto de este año, juntamente con otras normas adjetivas y sustantivas, caracterizando así la puesta en marcha de la nueva codificación boliviana.
Sin embargo, el cambio más importante no está en los códigos, las leyes solo son instrumentos, tan buenos o tan malos dependiendo en manos de quienes estén. El verdadero cambio está en la mentalidad, las actitudes y las acciones de los operadores de justicia, quienes deben entender que la nueva Justicia debe ser independiente, no sometida a ningún poder político, pero tampoco sometida a otras injerencias que a título de “organizaciones sociales”, pretenden corromper la administración de justicia con la aquiescencia de quienes la dirigen.
La nueva Justicia debe ser transparente, digna y ética, y eso se muestra valorando la capacidad, idoneidad y atributos personales de quienes se ha de elegir para ser los operadores de esa nueva Justicia. Ésta debe basarse en el conocimiento, en el estudio y la preparación de jueces, fiscales y abogados, no solamente sobre el conocimiento de la ley, sino también de los valores éticos y morales. La nueva Justicia, en definitiva, debe partir de la ética, el respeto a los demás, la austeridad, el esfuerzo y el compromiso de quienes la dirigen y quienes deben ser el ejemplo para toda la estructura judicial.
Finalmente, la nueva Justicia debe conllevar en su aplicación fáctica los valores, principios y fundamentos de la Constitución Democrática Boliviana, ya el Tribunal Constitucional Plurinacional ha dado excelentes muestras de cómo a través de los fallos, se puede desarrollar una nueva base axiológica propia de la nueva sociedad que con tanto empeño estamos construyendo quienes creemos que ahora sí nuestra nación ha despertado y, en definitiva, es otro el rumbo que ha tomado para bien de todos los bolivianos.
La conjunción virtuosa de ambos elementos es la clave para poder pensar que las grandes transformaciones que vive Bolivia llegarán a un servicio público fundamental y decisivo para la democracia, la institucionalidad republicana y la paz social como es la Justicia. Nuevos códigos  y nueva mentalidad de abogados, jueces y fiscales, son los elementos que podrían en un futuro, ojalá cercano, darnos a los bolivianos la satisfacción de construir en definitiva la   Justicia que queremos.