El Viceministerio de Vivienda abrió el año pasado procesos contra 23 personas, entre ex funcionarios de esa cartera de Estado, ejecutores de 11 proyectos observados y de entidades financieras que canalizaron los recursos económicos del Programa de Vivienda Solidaria. El daño económico calculado por el Gobierno es de 82 millones de bolivianos.
Un informe enviado a La Prensa por el Viceministro del ramo, Roberto Ballesteros, revela que en La Paz están procesados los ex funcionarios César Quilla, René Cayo, Mabel Guevara y otras personas de quienes la información no precisa si son también empleados, como Ángel Alvarado, Ronald Villegas Portales, Julio Pandiqui Huari, Waldo Sáenz Caetano y Karl Krebs.
En Santa Cruz aparecen los nombres de Isabel Ignacia Vera López, Álvaro Eniface Mier Bazán, María Ernestina Costas Aguilera, Ernesto Gómez Méndez, Herland Vhiestrox Herbas, Adolfo Alfredo García Herrera, José Antonio Isa Villalba, Débora La Fuente y Miguel Ángel Linares Mercado, ex gerente de la cooperativa Sudamérica.
En Potosí se abrió proceso contra Carlos Jamil Fernández Barrón responsable de uno de los proyectos observados; en Tarija, a Jaime Róger Lema González, Pedro Antonio Gutiérrez Figueroa y Julio Moreno Suárez, y en Sucre, a Doris Ximena Seborga.
De los 11 proyectos observados, uno de los principales es de Vallecito I o La Comarca, en Santa Cruz, donde en 2008 la Alcaldía demolió 104 viviendas por problemas de límites con el municipio de Warnes y posteriormente se reveló que los terrenos habían sido vendidos al Programa de Vivienda Solidaria con un presunto sobreprecio.
La Cooperativa Sudamérica, cuyo gerente era José Luis Linares, pagó 400.000 dólares al Banco Unión para adquirir los terrenos ubicados en el límite entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Warnes, donde se construían las casas del barrio Vallecito I, pero las tierras fueron vendidas al Viceministerio de Vivienda en dos millones de dólares.
En noviembre de 2008 el ex viceministro de Vivienda Marcelo Zurita Cabrera admitió haber participado en la aprobación del proyecto habitacional Vallecito I en agosto de 2007, pero dijo que no encontró ningún documento doloso en la venta de los terrenos.
Otro proyecto observado es Karipuyo, en Potosí, que debía ejecutarse con 3,7 millones de bolivianos, de los cuales se desembolsaron 747.844 bolivianos, pero las obras no fueron concluidas.
El Viceministerio del área inició un proceso penal contra el responsable del proyecto Carlos Jamil Fernández Barrón por estafa e incumplimiento del contrato, pero el denunciado salió en libertad con medidas sustitutivas. El caso fue apelado por la entidad.
Se cuestionó también el proyecto Patujú, en Santa Cruz, donde el programa de Vivienda Solidaria desembolsó 6,8 millones de bolivianos en 2008 de un costo total de ocho millones. Las obras fueron adjudicadas a Sudamérica.
También se observó el proyecto Nueva Cobija, en Pando, para la construcción de 97 viviendas.
El Viceministerio del área, en estos dos casos, inició procesos por falsedad material, destrucción de documentos y uso indebido de influencias contra los funcionarios César Quilla y René Cayo.
Ballesteros explicó que de manera paralela se pidió a la Contraloría una auditoría en ocho proyectos: en El Alto, urbanizaciones Cristal, Mercedario y Hugo Chávez; en La Paz están Vergel I y Alto Achumani; en la provincia Pacajes, las viviendas de la comunidad Vichaya; en Omasuyos, el plan homónimo, y en Los Andes está Los Andes-Lacaya. En total se esperaba beneficiar a 2.511 personas. El monto invertido es de 128 millones de dólares, comprometidos si se encuentran irregularidades en todos los casos.
Ballesteros dijo que aún se esperan los resultados para conocer implicados y establecer responsabilidades.
Además se abrieron procesos sumarios a dos ex autoridades y 41 funcionarios de menor rango en 11 proyectos observados. En estos casos se presume que existen faltas administrativas; los resultados se conocerán antes del segundo semestre de este año.
El Ministerio de Transparencia encontró otros casos irregulares.
El Viceministerio del área inició auditorías a los proyectos.
Caboco observa falta de seguimiento
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) observó la falta de monitoreo a los proyectos del Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVSS) como un factor que ocasionó las irregularidades que pusieron en duda la trasparencia del plan.
El secretario ejecutivo de la Caboco, Jorge León Quiroga Canaviri, dijo que por la falta de seguimiento a cada solicitud hay beneficiarios que piden una vivienda en una región y luego aparecen con otra solicitud en otro departamento.
El PVSS fue el proyecto más importante creado en el segundo año del Gobierno del presidente Evo Morales, con el que se apostó a la disminución del déficit habitacional en Bolivia, que asciende a 200.000 viviendas.
El Comité de Participación y Control del PVSS, al que pertenece Caboco, como parte de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, además de la Central Obrera Boliviana y el mismo Ministerio de Obras Públicas, denunció a inicios de 2009 la existencia de irregularidades en nueve proyectos.
Quiroga aconsejó que se inicie el seguimiento a los trámites para acceder a una vivienda, y al fideicomiso, tarea para la que ofrecieron su cooperación.
El Plan de Vivienda Social y Solidario
El Ministerio de Transparencia presentó dos denuncias de irregularidades que involucran a ex autoridades.
Están acusados los ex viceministros del área Alfredo Áñez, Elmer Ramiro Bolaños y Marcelo Zurita.
El programa tiene cuatro subprogramas que financian desde 3.000 hasta 15.000 dólares.
El Gobierno aseguró que se redoblarán los procedimientos de control social para evitar nuevos problemas.
FUENTE: La Prensa