En una carta recibida el 18 de diciembre en Ginebra, el líder de Convergencia Nacional solicita formalmente a la autoridad un auditaje convencional que determine si el nombramiento de autoridades judiciales, las leyes aprobadas para modificar el sistema procesal y las resoluciones de la actual administración de justicia respetan derechos básicos protegidos por el sistema de naciones unidas y el sistema interamericano.
En la misiva el ex prefecto de Cochabamba aclara a la jueza Pillay que él y otros líderes de oposición no abogan por su inocencia o por la protección internacional, sino que demandan condiciones para defenderse y demostrar su inocencia, que están ausentes del sistema procesal recientemente instaurado en Bolivia.
El jefe en exilio de la principal fuerza opositora recuerda a la Alta comisionada que tribunales de justicia nombrados por el Ejecutivo violan la separación de poderes y que las nuevas leyes modificatorias del procedimiento penal han abolido la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley, instaurando la imprescriptibilidad de delitos económicos y la dictación de sentencias en ausencia de los acusados.
También cuestionó las resoluciones de los fiscales y jueces designados por el Ejecutivo, por ejercer discriminación procesal y cancelar el juez natural a ex autoridades de oposición, mientras se otorgan privilegios procesales, supuestamente abolidas de la actual legislación, a ex autoridades oficialistas.
El ex prefecto advierte a Pillay que, tras las reiteradas manifestaciones de Suxo en sentido de “invitar” a personeros de NNUU a revisar las causas a opositores, este es un momento inmejorable para tomarle la palabra al gobierno y solicitar el permiso para determinar la concordancia entre la legislación boliviana y las decisiones de los operadores judiciales, con la Carta Interamericana, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
LA CARTA DE MANFRED: “La apertura pública del gobierno boliviano a que el ACNUDH revise de manera oficial los procesos a ex autoridades de oposición, abre la oportunidad de que la Alta Comisionada instruya una auditoría convencional, que nos permita establecer: a) si las leyes con las que se juzgan a dirigentes de oposición, b) las autoridades judiciales que ejecutan esos procesos y c) las sentencias y fallos evacuados respetan los protocolos y convenciones que el país ha suscrito en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción”.
PERSECUCIÓN CAMUFLADA: “Comparto la percepción de su representante en Bolivia, el Sr. Racicot, sobre que la justicia es un problema estructural, y no de este gobierno. La inequidad y las limitaciones en el acceso de las grandes mayorías al sistema judicial, al igual que la discriminación y la corrupción procesal, son sin duda pasivos arrastrados por muchos años”.
“Pero sería inadmisible emplear esa realidad para disculpar el hecho de que – pretextando ajustes al sistema judicial – se aprobaron leyes, administraron juicios y dictado sentencias que vulneran garantías protegidas por el sistema de naciones unidas y el sistema interamericano de derechos humanos, en afán de descabezar a la oposición”.
A TÍTULO DE COMBATIR CORRUPCIÓN: “Negarnos a ver que, a título de luchar contra la corrupción y contra el racismo, en Bolivia se proscribe y priva de debido proceso a un grupo específico por sus ideas políticas, sería consentir este atropello que ya canceló, o está en proceso de cancelar, el mandato democrático, los derechos civiles y la libertad de expresión de los líderes de oposición y de todos los ciudadanos en última instancia.
PROBLEMA ESTRUCTURAL: “Cuando denuncié la naturaleza viciada y política del sistema judicial en Bolivia, quizás su representante en Bolivia tuvo la impresión de que mi denuncia era la posición personal de una ex autoridad, que alegaba persecución política para defenderse de las demandas interpuestas por el estado boliviano. Hoy coincidirá en que ya no es posible discutir el uso político de la justicia boliviana y que esto se convirtió en un problema estructural que amenaza no sólo los DDHH, sino la alternabilidad y el equilibrio democrático en Bolivia”.