Sin sólidos argumentos, autoridades de Gobierno salieron ayer a desvirtuar el presunto soborno a “testigo clave” en el caso Rózsa y la participación en este hecho de un exfuncionario del Ministerio de Gobierno develada en un video. Asimismo, defendieron la validez de las investigaciones del caso. Según opositores, este nuevo hecho confirma que se trató de una tramoya para involucrar a empresarios y líderes cruceños.
El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer en La Habana que la Fiscalía estudia la procedencia “y lo que está detrás” del video sobre el supuesto soborno a Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, presentado por el Gobierno como un “testigo clave” en el caso de terrorismo que se investiga.
La semana pasada, los diferentes medios de comunicación difundieron un video en el que una persona identificada como Carlos Núñez del Prado, ex alto funcionario del ministerio de Gobierno en la gestión de Alfredo Rada, paga 31.500 dólares al testigo Ignacio Villa y le pide huir a Argentina.
El exministro Rada reapareció para dar su versión sobre el tema. Admitió que Núñez del Prado era funcionario de esa repartición estatal y rechazó el supuesto soborno y que Villa sea “testigo clave”. Manifestó que casualmente surgen hechos para desvirtuar las investigaciones cuando se van a dar pasos importantes, como la apertura del juicio contra los imputados y de una nueva investigación: un caso terrorismo II.
Para el Vicepresidente, este episodio (el video) “no puede poner en duda ni afectar” la investigación sobre la trama terrorista que, según el Gobierno, se gestó en Bolivia en los años 2008 y 2009 para “enfrentar a bolivianos contra bolivianos”, dividir el país e incluso atentar contra la vida del presidente Morales, sostuvo.
García Linera pidió por ello “seriedad y mucha cautela” al tratar este asunto, porque no se trata de un tema criminal más, sino “el primer intento material, objetivo y financiado de querer dividir Bolivia que fue descubierto por los servicios de Inteligencia y que no ha sido desmentido, sino comprobado, verificado, por decenas de declaraciones de otros testigos”.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por su parte, reiteró ayer que es imprescindible que se investigue “a fondo, de forma completa y concluyente” el origen y el contenido del video y advirtió que no permitirá que se dañe la investigación del caso Rózsa, que, a su juico, debe concluir con la identificación y encarcelamiento de los responsables de la intención de dividir Bolivia.
Según Llorenti, Villa Vargas no es un “testigo clave”, sino “es una persona acusada en este proceso” y aseguró que cualquier abogado conoce la diferencia “entre lo que es un testigo y lo que es un acusado. Ni siquiera imputado, acusado”, remarcó al anotar que la investigación se basó en decenas de declaraciones y decenas de personas investigadas.
Al inicio de las investigaciones del caso Rózsa, en abril del 2009, presentaron a Villa como testigo “clave”, luego de la difusión de un video y la confesión de éste, sobre su relación con Rózsa paso a ser acusado.
“Hay una serie de acciones que seguramente no se detendrán aquí, una serie de acciones que pretenden perjudicar este caso tan importante para la vida del país. Que no quepa la menor duda: el Ministerio de Gobierno va a continuar todas las acciones legales hasta tener absolutamente a los responsables de esos operativos y a los financiadores de este grupo separatista en la cárcel”, aseveró el Ministro.
Respecto a la supuesta identificación de las personas que en el video entregan el dinero a Villa Vargas, Llorenti recomendó esperar el resultado de la investigación. “Hay una investigación en curso, una investigación hecha por la instancia llamada por ley”, remarcó.
Deslindan responsabilidad
El defensor del pueblo, Rolando Villena, aseguró ayer que no conocía los antecedentes de Carlos Nuñez del Prado para su designación como secretario general de la defensoría, y pidió que las autoridades pertinentes esclarezcan el caso Rózsa.
El defensor del pueblo, Rolando Villena, aseguró ayer que no conocía los antecedentes de Carlos Nuñez del Prado para su designación como secretario general de la defensoría, y pidió que las autoridades pertinentes esclarezcan el caso Rózsa.
“En mí calidad de Defensor del Pueblo, me permito aclarar que Carlos Nuñez del Prado se desempeñó como secretario general de la Defensoría desde el 28 de julio de 2010 hasta el 3 de enero de 2011, y como representante departamental de La Paz del 4 al 14 de enero del año en curso”, indica el comunicado.
Agregó que “si hubiera tenido conocimiento de los presuntos hechos que vincularían a Núñez con el video, no habría depositado mi confianza en él por razones obvias”.
Villena explicó que Núñez del Prado había renunciado el pasado 14 de enero por razones “estrictamente personales”.
Villena explicó que Núñez del Prado había renunciado el pasado 14 de enero por razones “estrictamente personales”.
Según la red Erbol, algunas fuentes aseguraron que Núñez del Prado, hombre de confianza del exministro de Gobierno Alfredo Rada, fue recomendado para que trabaje en el Defensor del Pueblo por otro funcionario de la misma repartición que ocupa un alto cargo en la estructura de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
UN COMPLOT
“Nunca hubo terrorismo, alzamiento armado, magnicidio, separatismo”, sino que fue un “complot armado para destruir a la dirigencia autonomista”, según el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Núñez, al referirse al video y las investigaciones sobre el grupo de Rózsa.
La oposición que acusa al Gobierno de Evo Morales de sobornar a un “testigo clave” pidió el alejamiento de las investigaciones del fiscal Marcelo Soza y comenzar de cero las pesquisas. Asimismo pidieron la conformación de una nueva comisión en el Legislativo para que investigue el video.
UN COMPLOT
“Nunca hubo terrorismo, alzamiento armado, magnicidio, separatismo”, sino que fue un “complot armado para destruir a la dirigencia autonomista”, según el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Núñez, al referirse al video y las investigaciones sobre el grupo de Rózsa.
La oposición que acusa al Gobierno de Evo Morales de sobornar a un “testigo clave” pidió el alejamiento de las investigaciones del fiscal Marcelo Soza y comenzar de cero las pesquisas. Asimismo pidieron la conformación de una nueva comisión en el Legislativo para que investigue el video.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, descartó ayer que se conforme una comisión especial en elLegislativo, recordando que en el pasado ya se había creado una (en 2009), la cual concluyó las investigaciones y presentó su informe.