2 de mayo de 2013

CEDLA: precariedad laboral resta a alza salarial


ERBOL: El contexto de precariedad laboral vigente en el país y otros factores específicos en su aplicación minimizarán el impacto real final del aumento salarial dispuesto recientemente por el Gobierno, que para muchos trabajadores “no significará ni siquiera la reposición de la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación”, señala un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA.

El pasado 10 de abril, tras un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) y con muestras de apoyo del sector privado, se promulgó el DS Nº 1549 que dispone un aumento de 8 por ciento al salario básico de los trabajadores y funcionarios del magisterio, Salud, Educación, Policía y Fuerzas Armadas; y de 20 por ciento al salario mínimo nacional (SMN) para la gestión 2013.

Según el CEDLA, en 2011, en las ciudades del eje central urbano del país y El Alto, 79 de 100 ocupados contaban con empleos precarios y 51 con fuentes de trabajo extremadamente pobres; y entre los trabajadores asalariados, 81 de 100 de ellos laboraban en empleos con algún grado de precariedad y 29 en empleos precarios en extremo (de muy mala calidad), estando los salarios por debajo de una canasta alimentaria básica -uno de sus indicadores importantes- que suma 1.792 bolivianos.

Precariedad laboral, sin cambios

Con datos propios y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el CEDLA muestra que el estado de precariedad en el que viven los asalariados urbanos de Bolivia –que afecta con mayor crudeza a las mujeres, que alcanzan a ganar sólo hasta el 66% del ingreso que obtienen los hombres– no sufrió variaciones significativas durante el período 2001-2011.

Así, para las ciudades capitales del eje central (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) y El Alto, el año 2011 la población ocupada sumaba un total de 1 millón 755 mil personas, de los cuales sólo 21 de 100 ocupados contaban con empleos no precarios, menor al del año 2001 cuando 22 personas accedieron a este tipo de fuentes laborales, revelando que la calidad del empleo no tuvo mejora alguna y pareció mostrar más bien un proceso regresivo.

Aún más, en el mismo período de análisis se produjo una disminución de la proporción de funcionarios con empleos adecuados de 51 a 41 ocupados en el sector estatal, y de 29 a 20 personas en el sector empresarial.

“El estado de la precariedad del empleo adquiere un rostro más crítico al observar el incremento alarmante de la población ocupada con empleos precarios extremos en el período señalado, vale decir, más personas con fuentes de trabajo eventuales o temporales, ingresos por debajo de una canasta alimentaria básica y sin seguridad social de largo plazo”, señala.

Efectivamente, en 2011 la cantidad de ocupados con empleos precarios extremos se elevó a 51 en comparación con los 22 existentes el año 2001, mientras que en el caso de las mujeres ocupadas afectó a 65 de ellas, “cambios alarmantes que se registraron en todos los sectores del mercado laboral urbano, particularmente en el mundo familiar, donde la precariedad extrema creció en un 150 por ciento”.

El 8%, ni siquiera una reposición

Para el CEDLA, el incremento de 8 por ciento al salario básico para muchos trabajadores no significará ni siquiera la reposición de la pérdida del poder adquisitivo por efecto de la inflación registrada el 2012. ¿Por qué? En primer lugar, porque este aumento es al salario básico y en el caso de las Fuerzas Armadas a la masa salarial; dependiendo de su distribución, existirán grupos de trabajadores que reciban más y otros menos. Los que reciban menos de 4,5 por ciento verán disminuir el poder de compra de sus salarios.

En segundo lugar, el aumento no se aplicará a todos los trabajadores. En el sector público el aumento es sólo para algunos sectores: magisterio, salud, educación, FFAA y policía, marginando así a los demás trabajadores dependientes del Estado. No obstante, el decreto reglamentario hace algunas reservas, como en el caso de la seguridad social de corto plazo donde el incremento dependerá de la “disponibilidad y previo estudio de sostenibilidad”; asimismo, en las "entidades" con mayoría accionaria del Estado (empresas públicas), este porcentaje de incremento será la base de negociación.

En el sector privado, el aumento tampoco se aplicará a todos los trabajadores sino básicamente a los que están incorporados en planillas (que sólo representan el 55% de los asalariados). Además, el aumento no se aplicará en todas las empresas, en particular en las pequeñas y medianas que representan más del 75 por ciento del universo de establecimientos que contratan asalariados y donde el poder de negociación de los trabajadores es escaso o nulo.

“La falta de fiscalización del cumplimiento de la norma por parte de las instancias estatales llamadas a hacerlo, una vez más facilitará el deterioro de los salarios a favor de la ganancia empresarial”, señala el documento.

¿Salarios inflacionarios?

Respecto del argumento gubernamental de que un aumento mayor a los negociados, como la pretensión cobista de fijar el salario mínimo en 8.309 bolivianos, tendría un efecto inflacionario en la economía, el CEDLA aclara que esa relación es falsa y se usa para frenar las expectativas salariales de los trabajadores. “No existe una relación directa entre estas variables”, indica.

“En realidad, los precios no suben porque se aumentan los salarios, sobre todo en Bolivia donde los salarios son extremadamente bajos y los incrementos anuales sólo han servido para reponer lentamente su poder adquisitivo”, observa. Y cita ejemplos: en 2009 hubo un incremento en el salario de 12 por ciento que se reflejó en un 0,26 por ciento de inflación; en 2010 el aumento fue de 5 por ciento y la inflación llegó a 7,8 por ciento; en 2011, con un aumento de 10 por ciento la inflación se redujo a 6,9 por ciento; y en 2012, con un aumento de 8 por ciento, la inflación disminuyó todavía más, a 4,5 por ciento.

“Todo indica que si existe una relación, ésta es inversa: los salarios aumentan porque los precios suben y los sectores empresariales buscan mantener los salarios bajos para proteger o mejorar sus ganancias”, precisa para resaltar que los trabajadores “tienen derecho a exigir mejores salarios por su esfuerzo productivo y los empresarios tienen que preocuparse de mejorar su productividad para evitar el aumento del precio de sus productos”.

Salarios sólo para comer

La realidad del trabajador asalariado en Bolivia es que gasta más en alimentos (el componente con mayor peso en la canasta básica familiar, con 39%). La mitad de los hogares a la cabeza de un obrero o un empleado podía cubrir la alimentación de su familia pero a costa de no poder garantizar la satisfacción de otras necesidades esenciales.

“Siguiendo una tendencia que se inicia en años anteriores, el 2011 los hogares con jefes de hogar asalariados ya tenían ingresos familiares inferiores al promedio (Bs 3.609). La mitad de los hogares de obreros solamente tenía un ingreso familiar de 2.000 bolivianos o menos, y la mitad de los hogares de empleados de 2.500 bolivianos o menos, con un promedio de dos ocupados en ambos casos”, observa.

A diciembre de ese año, el costo de la canasta básica familiar fue calculado por el CEDLA en 4.534 bolivianos; es decir, que con su ingreso familiar los obreros apenas podían cubrir el 44 por ciento de ese costo, y los empleados el 55 por ciento de esa canasta.

En vista del escenario descrito, “los incrementos salariales recientes, que reiteran la vieja política de contención salarial desplegada desde hace mucho tiempo, no contribuyen a mejorar la calidad del empleo de los trabajadores en el país”.

Desigual reparto del ingreso

El análisis del CEDLA encuentra que mientras la economía crece, los salarios aumentan lentamente en unos casos y se estancan en otros. “Esto no significa otra cosa que las ganancias aumentan”. El reparto del ingreso disponible entre capital y trabajo muestra que la parte que se queda en manos de los asalariados siguió disminuyendo hasta el 26 por ciento el 2011, mientras la parte de la que se apropia el capital siguió aumentando hasta el 53,3 por ciento, indica.

“El descenso constante de la participación salarial en casi 10 por ciento desde los inicios de la década pasada significa que la tasa de explotación va en aumento en el país, explicando la lenta evolución salarial”, agrega.

Sin embargo, el sacrificio realizado por los trabajadores no se tradujo en inversiones suficientes para transformar nuestro aparato productivo atrasado y poco competitivo. “Esto demuestra que los salarios bajos no pueden ser la base de la competitividad de las empresas ni de la economía, los factores más importantes son la incorporación tecnológica, el aumento de la productividad, la capacidad para diversificar la gama de bienes y servicios, la mejora de la calidad, entre otros”, indica.

“Seguir solamente por el camino de volver inestable el trabajo y contener los salarios, solo sirve para perpetuar la pobreza que se origina en el mercado de trabajo”, advierte.