Medios: El vocero presidencial propuso que el secreto de fuentes se debe limitar a los casos en los que la vida del informante o de su familia está en riesgo. Rechaza que el Ejecutivo aliste una “ley mordaza”.
El Gobierno propone delimitar el uso de fuentes reservadas en la elaboración de notas periodísticas y plantea que el informante sea precautelado cuando la información ponga en peligro la vida del comunicador o de sus allegados.
El vocero presidencial, Iván Canelas, criticó ayer la publicación de noticias con fuentes off the record y consideró que este tipo de prácticas hace mal al periodismo, por lo que estima que es uno de los temas que se debe regular si se aprueba una nueva Ley de Comunicación e Información.
“Es un tema que tiene que ver con la ética del medio y del periodista. No puede ser que cuando quiera escribir algo me invente una fuente. Si hago eso, estoy cometiendo una falta ética”. El funcionario negó que la propuesta de regulación de la labor de los periodistas y medios se trate de una “ley mordaza”.
Canelas, periodista y ex dirigente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, aseguró ayer que consensuará la nueva normativa con los gremios de trabajadores de la prensa.
“Nosotros, como ustedes (los periodistas), estamos decididos a luchar contra la mentira y la manipulación informativa en los medios de comunicación porque está claro que esto no sólo le hace daño al periodismo, sino que se hace daño a la sociedad en su conjunto”.
Un analista y varios periodistas coinciden en que la supresión de la información “extramicrófono” dificultará el trabajo de fuentes y restringirá el acceso a la información a la sociedad.
El vocero presidencial confirmó la versión difundida por La Prensa sobre la intención del Ejecutivo de restringir al uso de fuentes “en off” o extraoficiales en el trabajo periodístico. Tildó de absurdo el manejo secreto de fuentes que hacen algunos medios de comunicación.
“¿Por qué una persona guarda su nombre en reserva? ¿Estará en riesgo su vida, la de su familia? Nos parece absurdo en algunos casos que algunos medios utilicen este mecanismo para inventar cosas que no las quieren decir y que las pueden decir en sus páginas editoriales (…) Si hay una declaración cualquiera que puede ser fácilmente difundida por una fuente, que no requiera el riesgo de la vida de quien informa, ¿por qué ocultarla?”.
Canelas afirmó que los medios de comunicación que recurren a fuentes anónimas para inventar informaciones cometen un delito ético.
El vocero aclaró que la Ley de Regulación de Medios de Comunicación todavía no está elaborada y que para la redacción de un eventual anteproyecto se invitará a los gremios y agrupaciones profesionales de la prensa.
Tampoco descartó que participen los representantes de los propietarios de medios, “que tienen una visión distinta de la libertad de expresión más relacionada con la libertad de empresa”.
El vocero dijo que el presidente Evo Morales no afirmó que ya había un proyecto de ley listo para ser tratado, sino que sólo hizo “reflexiones éticas a los periodistas”.
Sin embargo, el Jefe de Estado, el lunes, se refirió a una ley regulatoria al trabajo de la prensa cuando una periodista le preguntó por el cierre de medios de comunicación en Venezuela y por la propuesta del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana de aprobar una normativa para el trabajo periodístico.
“Tiene mucha razón el compañero Juan Ramón Quintana. A ver cómo vamos a normar para que no mientan los medios de comunicación. Eso es para la dignidad de ustedes (los periodistas)”.
El deontólogo Marco Antonio Goitia explicó que imponer una limitación al manejo reservado de fuentes representa una restricción a los derechos de todos los ciudadanos, puesto que coarta la libertad de acceso a la información.
“Los medios de comunicación tienen el derecho político al acceso a la información y si se restringe este paso se coarta un derecho de la sociedad. Esto está relacionado directamente con el secreto profesional o de imprenta que se ha establecido en 1925. Es un derecho y una obligación, sólo se puede revelar el secreto periodístico ante una autoridad pertinente. La Ley de Imprenta es clara en este aspecto; además, la Constitución reconoce la autorregulación del sector”.
El jefe de Redacción del diario El Potosí, Juan José Toro, afirmó que es inconcebible una modificación dado que “el secreto de la fuente es la base de nuestra Ley de Imprenta”. “Al levantar el secreto, mucha gente ya no va a acceder a hablar ni va a proporcionar información”.
Cortar el secreto de fuente atenta contra la Ley de Imprenta, que lo reconoce.
Oposición critica la regulación
La oposición parlamentaria criticó la iniciativa oficialista de una Ley Regulatoria de Medios de Comunicación.
La senadora de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) Centa Rek (ex directora del diario El Día) afirmó que el Gobierno busca periodistas “funcionales”.
“El Presidente planteó que los periodistas deben trabajar para derrotar a la sociedad capitalista. Más bien yo considero que con esta declaración el Primer Mandatario está demostrando que en el espíritu del socialismo que quiere implantar está la destrucción absoluta de la libertad de expresión”.
Rek anticipó que su bancada defenderá el libre acceso a la información ante un eventual proyecto oficialista de regulación a los medios.
Mientras, el candidato a primer asambleísta departamental de Santa Cruz por la agrupación ciudadana Todos, Carlos Pablo Klinsky, comentó que la intención del MAS es “venezolanizar” los medios.
Opiniones
“Esperamos que haya diálogo para la elaboración de una nueva Ley de Medios de Comunicación. En la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional hay cuatro periodistas en los que confiamos porque todos sabemos que la Ley de Imprenta necesita ser complementada o modificada. Otro fenómeno detectado es que lamentablemente hay fuentes oficiales, en los movimientos sociales y en la empresa privada que mienten”.
Ronald Grebe / Presidente de la APLP
“Los medios de comunicación tienen el derecho político al acceso a la información y si se restringe este paso se coarta un derecho de la sociedad. Esto está relacionado directamente con el secreto profesional o de imprenta que se ha establecido en 1925. Es un derecho y una obligación, sólo se puede revelar el secreto periodístico ante una autoridad pertinente. La Ley de Imprenta es clara en este aspecto”.
Marco Antonio Goitia / Experto en deontología
“El secreto de la fuente es la base de nuestra Ley de Imprenta. No me parece que el Gobierno sugiera esta posibilidad porque se sale de la esencia del trabajo periodístico. Una consecuencia lógica es que, al levantar el secreto o el manejo reservado de la fuente, mucha gente ya no va a acceder a hablar ni va a proporcionar información por las dificultades que va a traer”.
Juan José Toro / Jefe de Redacción de El Potosí
“Esto debe llegar a la televisión estatal como a la privada, a todos los medios, públicos o privados. Así la paridad de condiciones será un elemento fundamental, parte de un trabajo que debe desarrollarse bajo el principio de la libertad de expresión y la democracia. Si los cambios en la normativa se aplican para todos, no creo que nadie se vaya a quejar”.
Jorge Tejerina / Jefe de Noticias de Cadena A
“El Presidente planteó que los periodistas deben trabajar para derrotar a la sociedad capitalista. Más bien yo considero que con esta declaración el Primer Mandatario está demostrando que en el espíritu del socialismo que quiere implantar está la destrucción absoluta de la libertad de expresión. Estos intentos de regularizar no hacen más que coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación”.
Centa Rek / Senadora de PPB-CN
“Empezó la ‘venezolanización’ de los medios de comunicación, donde el medio que no muestre el discurso que quiere el Gobierno seguramente será clausurado. Éste es un comienzo de un Estado dictatorial, donde el más afectado es el pueblo, que no podrá informarse. Evo está demostrando que sólo gobierna para los masistas, quiere un solo partido. Juan ‘Camión’ Quintana no tiene moral para hablar de calumnias”.
Carlos Pablo Klinsky / Candidato a Asambleísta en Santa Cruz
FUENTE: LA PRENSA