En los últimos días han proliferado las voces desde ámbitos sindicales que advierten sobre enfrentamientos de gran magnitud, que podrían darse si el gobierno cumple su amenaza de movilizar a sus tropas de choque de la Conalcam. La intensidad de la alerta es tal que los voceros de las organizaciones sociales dicen que podría desatarse “una guerra civil”. Aunque quizás el término sea superlativo, no debe minimizarse el riesgo de violencia en el país si se pone en marcha la estrategia de enfrentamiento callejero contra las protestas obreras.En el fondo, no sería otra cosa que una nueva aplicación de la táctica ya empleada por el régimen evista en Cochabamba (enero de 2007), Sucre (La Calancha, noviembre de 2007), Pando (septiembre de 2008) y Santa Cruz (cerco “campesino”, septiembre de 2008). Táctica que le permite al poder central camuflar el ejercicio de la violencia como si se tratase de espontáneas movilizaciones de los movimientos sociales. Con la única diferencia que ahora la gran mayoría de esos movimientos se encuentran en la vereda de enfrente, quedando como únicos alineados residuales en la alianza oficialista los sectores cocaleros del Chapare y sus tentáculos de la CSUTCB y la Federación “Bartolina Sisa”.
Del denominado “bloque de poder hegemónico” -según la terminología vicepresidencial- articulado en torno al núcleo duro cocalero en los últimos años sólo quedan escombros, ya que la red de alianzas nacionales tejidas por el evismo se ha ido desgajando con la salida de la COB, CIDOB, Conamaq, transportistas, gremialistas, cooperativistas mineros y maestros.
En resumen, el instrumento político se ha replegado a su base de sustentación original, volviendo a ser un proyecto político regional enfocado en la defensa de los cultivos de coca-para-cocaína. Mientras tanto, las protestas sociales se nacionalizan, como pudo comprobar Evo en Yacuiba. El Conamaq ya anuncia su solidaridad con las movilizaciones obreras y la nueva dicotomía nacional parece ser mineros contra cocaleros…