CNN, México.- Aunque los integrantes y adherentes de las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) consideran que se ha avanzado en la libre determinación de sus formas de gobierno y desarrollo, uno de los motivos del levantamiento armado que protagonizaron en enero de 1994, aún demandan el reconocimiento constitucional de sus derechos.
Este reconocimiento está contenido en
los Acuerdos de San Andrés, un documento resultado de las reuniones
entre representantes del EZLN y el gobierno de México en 1995 y 1996,
que se llevaron a cabo en el poblado San Andrés.
Al aceptar el diálogo con el gobierno
federal, el EZLN propuso cinco temas a discutir: Derechos y Cultura
Indígena, Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Conciliación y
Derechos de la Mujer.
En un comunicado del 30 de diciembre, en
el 19 aniversario de su aparición pública, el EZLN reiteró la petición
al gobierno federal “para reconocer y cumplir sus compromisos”, elevando
a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas como dictan
los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal en 1996,
encabezado por el expresidente Ernesto Zedilo, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se unió a esta petición.
El pasado 8 de diciembre, al tomar
posesión como gobernador, Velasco, saludó “a los miembros del movimiento
zapatista” y a las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Dijo que las acciones
de su administración “abonarán en todo momento al clima de distención
entre comunidades zapatistas y no zapatistas”, y que tendrá “plena
disposición, para establecer los canales de comunicación que sean
necesarios, con la finalidad de fortalecer la concordia, la paz y el
desarrollo de los pueblos”.
El 1 de enero, a través de un
comunicado, el gobierno de Chiapas pidió al Congreso de la Unión
reconocer constitucionalmente los Acuerdos de San Andrés y añadió que
las autoridades estatales respetarán la posesión de tierras que tienen
los zapatistas y la autodeterminación y resistencia de los insurgentes.
También se comprometió a dar solución a
la demanda de liberación de los presos zapatistas Francisco Sántiz y
Alberto Patishtán. Por su parte, integrantes del Congreso de Chiapas
pidieron a sus homólogos federales la reactivación de la Comisión de
Concordia y Pacificación (Cocopa), para dar seguimiento a las demandas
del EZLN.
Los acuerdos pendientes
Según Jorge Santiago Santiago, exasesor y
colaborador cercano de Samuel Ruiz – obispo emérito de San Cristobal,
quien colaboró a frenar la declaración de guerra contra el gobierno
federal – solo al tema sobre Derechos y Cultura Indígena se le dio
solución.
Los acuerdos derivados fueron llevados a
consulta por el EZLN y en febrero de 1996 se firmaron por ambas partes
en un acuerdo mutuo.
A partir de los contenidos pactados, los integrantes de la Cocopa
elaboraron la Iniciativa de Reformas Constitucionales en materia de
Derechos y Cultura Indígena —conocida como Ley Cocopa— que propone
reformas a la Constitución para reconocer la libre determinación y
autonomía de los pueblos indígenas, en sus formas de gobierno y
desarrollo como parte del Estado mexicano.
Esta iniciativa de Ley fue rechazada por
el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo 81994-2000). En
2001, bajo la presidencia de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional
(PAN), el mandatario la presentó como iniciativa ante el Congreso
federal, pero la llamada Ley Cocopa fue rechazada y a cambio, los
legisladores elaboraron algunas modificaciones constitucionales en
materia de derechos indígenas. Ese año el EZLN rompió el diálogo con el
gobierno.
Las comunidades se organizan
Luego de la ruptura con el gobierno
panista de Fox, el EZLN asumió los Acuerdos de San Andrés como su carta
magna e impulsó que los pueblos organizados trabajaran en la
construcción de sus autonomías.
Los zapatistas y las comunidades adherentes a su causa, entre ellos la
organización Las Abejas de Acteal, empezaron a construir escuelas,
hospitales, sistemas económicos, gobiernos y justicia propia, dijeron
especialistas en temas indígenas que se reunieron el pasado fin de año
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas para analizar el desarrollo
de los movimientos sociales de Chiapas, México y otros países.
Pablo González Casanova, considerado uno
de los sociólogos más importantes en América Latina, dijo que en estos
19 años los zapatistas lograron erigir un “proyecto político
indigenista, autónomo, de emancipación humana, de transición en la
medida posible pacífica, y a partir de una política de la resistencia
para vivir, para defender al tierra, el agua, el bosque y la vida”.
Estas comunidades dejaron el
“paternalismo y el clientelismo en el que el PRI fundamentó sus
programas sociales, para ejercer su autonomía”, aseguró Gustavo Esteva,
escritor y académico de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, similar a
la Universidad de la Tierra de Chiapas, a donde asisten jóvenes bases
de apoyo del EZLN.
En su comunicado del 30 de diciembre, el
movimiento zapatista enumeró una serie de logros en las comunidades
donde habitan integrantes de este grupo, en materia de desarrollo,
educación, salud y derechos de las mujeres.
“Gobernamos y nos gobernamos a nosotros
mismos”, dijo y reiteró su demanda para el reconocimiento en la
Constitución de los derechos de los pueblos indios, “tal y como lo
establecen los llamados Acuerdos de San Andrés.
