Por: Boris Bernal Mansilla
Cada 22 de agosto el mundo celebra el Día Internacional del Folclore, una fecha establecida por la UNESCO en 1960 para conmemorar el momento exacto en que, en 1846, el arqueólogo británico William John Thoms propuso por primera vez este término en la revista londinense The Athenaeum. Al unir las palabras sajonas folk (pueblo) y lore (saber o conocimiento), Thoms buscaba una forma sencilla y precisa de nombrar lo que hasta entonces se llamaba de forma dispersa «antigüedades populares». Con el paso de las décadas, lo que comenzó como la simple recolección de costumbres y leyendas se convirtió en una verdadera disciplina de estudio, estrechamente vinculada a la antropología, la historia y la sociología, dedicada a comprender la memoria viva de las sociedades.
Para entender el valor de este campo es necesario aclarar cómo se conectan la cultura, el folclore y la identidad. La cultura es el universo amplio que abarca todo lo que una sociedad crea: sus leyes, su ciencia, su tecnología, su arte y sus instituciones. El folclore, en cambio, es una rama muy particular de esa cultura; reúne el saber tradicional, popular y colectivo que nace de la propia gente, que no suele llevar una firma individual y que se transmite de padres a hijos a través de la palabra, el ejemplo y la práctica cotidiana. Todo esto da forma a la identidad, que no es otra cosa que el sentido de pertenencia y orgullo que nos permite reconocernos como parte de una comunidad con memoria, valores y raíces comunes. Así, el folclore se convierte en el corazón visible de la identidad: toma la historia y las creencias de un pueblo y las expresa en danzas, ritmos, trajes, ritos y artesanías.
En Bolivia, esta fuerza cultural tiene una vitalidad extraordinaria. A diferencia de otros contextos donde las tradiciones quedan archivadas en museos, en nuestro país el folclore se vive y se renueva en las calles gracias al empuje de las comunidades, las fraternidades folclóricas, los artesanos, los músicos y las familias que año tras año financian las festividades patronales mediante sistemas de apoyo mutuo y reciprocidad. Aunque la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 530 del Patrimonio Cultural reconocen formalmente estos saberes como derechos fundamentales y bienes colectivos inalienables, la realidad de la gestión pública muestra serios tropiezos y contradicciones.
El problema más visible es la proliferación de las llamadas «declaraciones vacías». Con frecuencia, concejos municipales, asambleas departamentales y el propio parlamento nacional aprueban leyes que declaran como «patrimonio cultural» a diversas danzas, platos típicos o festividades, muchas veces buscando únicamente el aplauso político o electoral del momento. El inconveniente es que estas normas nacen sin un estudio histórico riguroso que las respalde, sin un plan concreto de salvaguardia y, lo más grave, sin un solo centavo de presupuesto en los planes operativos anuales. Al final, se crea la ilusión de que una danza está protegida por el simple hecho de figurar en un papel oficial, cuando en la práctica todo el costo de preservar la música, las vestimentas y la tradición sigue recayendo exclusivamente en el bolsillo de los bailarines y los artesanos.
A este descuido interno se suman otros dos grandes desafíos. Por un lado, ante los constantes conflictos con países vecinos por el origen y uso de expresiones como la morenada, los caporales, la diablada o el tinku, la diplomacia cultural boliviana suele reaccionar tarde y con simples reclamos protocolares, debido a la falta de un catálogo científico nacional con pruebas documentadas que certifiquen el origen de nuestras expresiones ante organismos internacionales. Por otro lado, la constante degradación institucional, como quitarle el rango de ministerio al área de Culturas para convertirla en un viceministerio o ahora anexarla a otras carteras y darle el rango de agencia, debilita la capacidad del Estado para fiscalizar, coordinar y defender el patrimonio, reduciendo la riqueza cultural a un simple producto de espectáculo o de atracción turística de temporada.
Para cambiar este panorama y lograr una gestión seria y sostenible, se requiere avanzar en propuestas concretas:
1. Frenar las leyes simbólicas: Modificar los reglamentos legislativos para que ninguna declaratoria de patrimonio se apruebe si no cuenta previamente con una investigación etnográfica e histórica, un plan de acción para su cuidado y una partida presupuestaria específica que garantice su aplicación.
2. Crear un Catálogo Científico del Patrimonio Inmaterial: Construir un registro digital riguroso y actualizado que documente la historia, la música, los pasos, los significados rituales y las técnicas tradicionales de confección de cada danza, sirviendo como respaldo legal y probatorio ante cualquier controversia internacional.
3. Proteger la propiedad intelectual colectiva: Aprobar normativas especiales que reconozcan a las comunidades, naciones y pueblos originarios como los verdaderos titulares de sus conocimientos y diseños tradicionales, evitando que empresas o terceros lucren indebidamente con su arte.
4. Restituir la jerarquía institucional: Devolver el rango ministerial a la cartera de Culturas, dotándola de presupuesto propio, autonomía técnica y peso político real para diseñar políticas públicas y coordinar la defensa exterior con la Cancillería.
5. Llevar el folclore a las aulas: Integrar en el sistema escolar y universitario contenidos sobre la historia, los valores y el significado profundo de nuestras manifestaciones culturales, para que las nuevas generaciones no solo bailen las danzas, sino que comprendan su trasfondo y aprendan a valorarlas y defenderlas.
El folclore boliviano no puede seguir tratándose como un adorno de calendario ni como una simple herramienta comercial para el turismo. Es la voz viva de nuestra historia, la memoria de nuestras abuelas y abuelos, y el tejido que mantiene unida la identidad de todo un país. Dejar atrás la costumbre de las leyes de papel y la precariedad institucional es una urgencia impostergable; solo con investigación rigurosa, inversión económica real y una institucionalidad fuerte lograremos que nuestras expresiones culturales sigan vivas, protegidas y dignificadas para las generaciones venideras.