21 de noviembre de 2010

Abogado de Reyes Villa dice que Ley de juzgamiento en ausencia no se aplica a Manfred


El juicio es tan visiblemente político que refuerza los argumentos planteados por Reyes Villa.

(ANF).- La defensa del ex candidato presidencial Manfred Reyes Villa aseguró que la instalación del juicio oral “en rebeldía” contra el ex prefecto, usando la Ley N° 007 de reforma al procedimiento penal, es inconstitucional e inaplicable a la ex autoridad y que la acusación de la Gobernación se asienta en una falacia: se culpó al ex prefecto de haber adjudicado una obra que no corresponde a su gestión.

El abogado Alberto Trigo, defensor de Reyes Villa en la demanda que le sigue la oficialista Gobernación de Cochabamba por presunto daño económico al estado en la construcción del puente Sacambaya, señaló presiones políticas que empujan a los operadores de justicia a incurrir en vicios procesales que “contaminan e invalidan” el juicio.

Trigo aseguró que, además de los vicios procedimentales, todo el juicio se asienta sobre una falacia: que el ex prefecto adjudicó una obra anterior a su gestión. “El abogado de la gobernación Víctor Coca falsea la verdad y dice que Reyes Villa adjudicó el puente Sacambaya, cuando este en realidad fue licitado y adjudicado el 2004 por el entonces prefecto Alfonso Camacho.

Manfred recién fue prefecto desde 2006 cuando la obra, licitada y adjudicada por otros, ya estaba en ejecución como proyecto de continuidad”, explicó. Pero la nulidad más grave sería que un auto del 25 de agosto de 2010, dictado por la Jueza Técnica del Tribunal Segundo de Sentencia, señaló que no se puede aplicar la Ley N° 007 para procesar al ex prefecto, por estar previsto que la liquidación de causas pasadas se hará con el anterior sistema.

“Se procesará a Manfred con la Ley N° 007, que ya la juez Nuria Gonzales determinó que no se puede aplicar en su caso; no se le puede hacer juicio oral a Manfred estando ausente pues el sistema oral es precisamente para garantizar la presencia del acusado y evitar que se lo juzgue en ausencia”, señaló. Agregó que otro vicio flagrante es queno se llevó a cabo la audiencia conclusiva, paso de rigor en el sistema procesal vigente, previo a la fase oral del juicio, por lo que el juicio avanza con irregularidades como que se aceptaron copias fotostáticas, sin valor legal, como pruebas de las acusaciones de la Gobernación.
“Otro vicio flagrante es que no hubo audiencia conclusiva y por tanto anulación ni exclusiones probatorias. Los jueces dictaron una acusación en base a fotocopias de documentos que la acusación presentó como prueba y que es absolutamente ilegal”, dijo. JUICIO POLÍTICO: “Este es un juicio político y no por delitos económicos como pretende la Gobernación. La inversión pública tiene responsabilidades a varios niveles y, de haber un delito como el que la gobernación pretende, habría también responsabilidad mancomunada”, aseguró.

“No se establece responsabilidad contra fiscales de obra, supervisores ni empresa constructora, que sigue trabajando para el gobierno y se individualiza sólo a Reyes Villa. Nadie más es acusado y sólo Manfred, como si él hubiera licitado, adjudicado y construido”, advirtió. Trigo aseguró que el juicio es tan visiblemente político, que refuerza los argumentos planteados por Reyes Villa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Las leyes que permitieron el juzgamiento de Reyes Villa violando los principios de juez natural, irretroactividad de la norma y procesamiento en rebeldía son acciones del Estado boliviano que sustentan la ausencia de garantías procesales que denunció Reyes Villa, como por ejemplo que la autoridad prefectural que lo procesaba haya sido nombrado Fiscal de Distrito”, dijo.