La Paz, 11 de noviembre de 2010
Señora: Dra. Navanethem Pillay
ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
Presente.-
Ref.: DENUNCIA DE VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR EL ESTADO EN JUICIOS A EX AUTORIDADES Y LÍDERES DE OPOSICIÓN.
Señora Pillay: Anoticiado de su visita a nuestro país, y agotada nuestra confianza en la imparcialidad de la representación en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acudo a usted en la esperanza de que, en oportunidad de su visita, pueda atender mi denuncia y dar el beneficio de la duda razonable, con cargo a constatación posterior, a todo lo que a continuación le referiré.
Se ha instaurado en Bolivia la peor clase de dictadura, aquella que impera bajo el disfraz de estructuras constitucionales y jurídicas figurativas pero no efectivas. Bolivia es el país de lo aparente. Un país donde la democracia, la justicia, los derechos humanos, la equidad y la transparencia son una pantalla, realidades virtuales, espejismos carentes de existencia objetiva pero proyectados vigorosamente mediante simbolismos exacerbados y un discurso mediático eficaz.
Vemos con preocupación que la comunidad internacional da por verdades con demasiada rapidez las versiones de la prensa oficial y celebra con excesivo entusiasmo, cual si se tratara de una garantía de plena vigencia de la democracia, el hecho de que un singular sistema electoral le haya permitido al actual gobierno boliviano acceder a una representación legislativa todavía más generosa que la votación lograda en las urnas. Pero el carácter democrático o no de un gobierno se define por la manera como ese gobierno administra un Estado y no por el simple formalismo de haber accedido al poder mediante las urnas. No hay democracia sin independencia de poderes.
Y si los órganos Legislativo y Judicial no son independientes del Poder Ejecutivo, no se puede esperar de los legisladores ni de los jueces un actuar imparcial y respetuoso de las garantías individuales, las libertades civiles y los derechos humanos.
Sin independencia de poderes no hay fiscalización legislativa, ni tampoco razón para que un gobierno se resista a la tentación de actuar de manera absoluta y arbitraria, diseñando una arquitectura institucional desnaturalizada y funcional al poder de turno. En el estado boliviano posterior a la reelección de Evo Morales, tal perversión del Estado y sus instituciones se traduce en tres aspectos: Un Órgano Judicial que designa administradores de justicia a instancia directa del Ejecutivo; un Órgano Legislativo que formaliza iniciativas del Ejecutivo en leyes, a desdén de que estas atenten contra los derechos humanos y los derechos civiles; y un Órgano Ejecutivo que emplea esas leyes y esos operadores de justicia, para judicializar a sus opositores políticos en franco desconocimiento de principios de juzgamiento en debido proceso.
El primero de esos vicios es un sistema judicial intervenido; un Órgano Judicial que bajo el rótulo de "transitorio" ha sido designado discrecionalmente por el presidente Evo Morales y que ha puesto la administración de justicia boliviana en manos de jueces y fiscales alineados al partido en función de gobierno. Tras promulgarse la inconstitucional "Ley corta" del Órgano Judicial, el Ejecutivo nombró discrecionalmente, y violando todo principio de independencia de poderes, a los miembros del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
Además, ex diputados y ex autoridades gubernamentales fueron designados fiscales de distrito. Para dar un solo ejemplo, el juez ordinario que aceptó llevar el proceso en mi contra, violando la jurisdicción natural del proceso y mi fuero de ex autoridad electa por voto popular, vigente hasta mucho después de mi detención, fue designado Fiscal de Distrito de La Paz. En Santa Cruz fue designada Fiscal de Distrito la ex diputada del MAS Arminda Méndez y en Cochabamba fue designado Fiscal de Distrito el oficialista ex Secretario Prefectural Camilo Medina.
La parcialización de la justicia es tan evidente que el Contralor General de la República Gabriel Hérbas, uno de los más duros perseguidores de dirigentes de oposición, es un ex diputado del partido gobernante, designado discrecionalmente en el cargo por el Ejecutivo cuando aun ejercía su mandato como legislador del MAS. Al abrigo de una arquitectura jurídica que ha prorrogado su existencia "transitoria" en más de dos ocasiones, difiriendo la institucionalización de autoridades de justicia, funcionarios del Ejecutivo a cargo de las demandas en contra dirigentes de oposición, han pasado de ser nuestros acusadores a ser nuestros juzgadores.
El segundo vicio es la promulgación de leyes que, a título de luchar contra el racismo o de combatir la corrupción, violan derechos universales al modificar el sistema judicial e incorporar en el ordenamiento jurídico boliviano penas que transgreden acuerdos de los que Bolivia es signataria en materia de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Carta Interamericana de lucha contra la Corrupción.
Precisamente en estos días dos de las cinco leyes estructurales, recientemente aprobadas por el Órgano Legislativo, fueron objeto de masivo rechazo social, de impugnación ante instancias nacionales y de demandas ante instancias internacionales, por violar la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia convencional en lo referido a la independencia de la justicia y la libertad de expresión. Y hay además otras leyes que vulneran preceptos aun más básicos de debido proceso, protegidos por acuerdos internacionales ratificados por Bolivia.
Por ejemplo la Ley "anticorrupción", llamada "Marcelo Quiroga Santa Cruz", que introduce modificaciones al procedimiento penal que suprimen principios de juzgamiento como la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley, además de autorizar el juzgamiento en ausencia de ex autoridades proscritas por el gobierno y ampliar el alcance del principio de imprescriptibilidad (reservado para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra) a las demandas por delitos económicos contra el Estado.
En tercer lugar están los vicios procesales en el marco de las demandas interpuestas por el Estado en contra de dirigentes opositores, demandas que se han convertido en juicios que violan las mínimas garantías procesales. Soy objeto de detención por más de dos años y tres meses, sin sentencia en mi contra y como producto de mi ilegal detención y secuestro por tropas militares que me confinaron en La Paz, tras un mortal enfrentamiento entre ciudadanos que fue organizado por el mismo Ministro de la Presidencia, pero del que yo fui sindicado y por el que soy procesado, despojado de mi fuero procesal, juzgado por un tribunal sin competencia y encausado fuera de la jurisdicción natural de tales sucesos, ocurridos en el departamento Pando.
El proceso que se me sigue es emblemático por las irregularidades, empezando porque se me ha privado del derecho a hacer uso de la palabra en lo que va del juicio, a lo que se suman las acciones de prevaricación por parte de los jueces del tribunal de sentencia, que adelantan públicamente criterio, asumiendo nuestra culpabilidad, mientras se reúnen y fraternizan con la parte acusadora en un céntrico hotel aledaño a la corte donde se desarrolla el proceso.
Tras ser denunciados y recusados, los jueces objetados deciden conocer y resolver ellos mismos el incidente de su recusación, vulnerando el procedimiento que impone que sea un tribunal superior e imparcial quien considere dar curso o no a la recusación de los jueces objetados. Como si no bastara, la abogada de la acusación Mary Carrasco ha sido formalmente denunciada por la abogada defensora de dos coimputados en el proceso, los hermanos Ronald y William Musuko, de ejercer coacción y de incitar al perjurio a sus defendidos ofreciendo, a nombre del Estado, aminorarles los cargos y las penas a cambio de lograr testimonios incriminatorios en mi contra.
En todo esto, las representaciones de los organismos internacionales, aquellos que debieran constituirse en celosos custodios del respeto a las convenciones internacionales que protegen los derechos humanos y las garantías procesales, han jugado un papel contemplativo, condescendiente y hasta permisivo con los excesos del gobierno boliviano que en todo momento ha operado detrás de este juicio.
Los sustentos de todo lo referido constan en registros de video y archivos hemerográficos que hemos acompañado a las sucesivas denuncias formales que mi defensa ha presentado ante la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y todo aquel que pudiera pronunciarse por el respeto a la seguridad jurídica en Bolivia.
No pretendo que se asuma mi inocencia, pues eso debería establecerlo un proceso que se pronuncie en derecho y ecuanimidad sobre la ausencia de evidencias o testigos que sustenten la acusación del gobierno en mi contra. Lo que le pido vehementemente es que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se pronuncie sobre la cancelación de garantías fundamentales y la violación del debido proceso en los juicios a líderes opositores; sobre la legalidad de las acciones de una administración de justicia intervenida y nombrada por el Ejecutivo; sobre las leyes redactadas por el Ejecutivo, que la mayoría oficialista en el Legislativo aprueba sin alterar una sola coma, pese a que violan convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos; sobre los procesos judiciales interpuestos por el Ejecutivo en contra de líderes opositores, prevaricando, coaccionando y vulnerando todo derecho a la defensa.
Me acompaña en todo momento la certeza de que todas estas irregularidades serán en el futuro materia de un juicio de responsabilidades contra quienes han cancelado la independencia de poderes para servirse de legisladores y jueces como instrumento de criminalización de los disidentes políticos de este régimen. La justicia habrá de llegar, de eso no tengo duda. Pero mucho dependerá de Ud. que no sea la justicia histórica ni la justicia divina, sino la justicia de los hombres, la que nos redima y para ello sólo necesitamos que el Alto Comisionado conozca, evalúe y se pronuncie sobre los antecedentes de las irregularidades y los vicios procesales que han contaminado un proceso, cuyo único fin es convertirme en el chivo expiatorio de una violencia traída a mi gobernación por el mismo gobierno y así salvar su propia responsabilidad política por las muertes de 13 compatriotas bolivianos.
Fue un hecho sangriento que tratamos de evitar empleando todos los recursos a nuestro alcance y que en un juicio justo que respete el debido proceso mi derecho a la defensa, estaría en plena capacidad de demostrar. Su llegada al país me devuelve y le devuelve a muchos otros presos políticos de este gobierno la esperanza de que los organismos de defensa de los derechos humanos puedan conocer y pronunciarse sobre nuestra situación y sobre el verdadero estado de la justicia y los derechos humanos en Bolivia.
Atentamente,
Leopoldo Fernández Ferreira
Ex Gobernador de Pando y Ex candidato a la Vicepresidencia de Bolivia