16 de noviembre de 2010

Analistas hallan simetría entre denuncia de Leopoldo y mensaje de la Alta Comisionada


Para Emilio Según Martínez, contribuyó a la lectura de Navi Pillay sobre la coyuntura boliviana, la carta enviada por el ex prefecto de Pando, donde denunció una “democracia aparente y estructuras constitucionales y jurídicas figurativas, pero no efectivas”.

(ANF).- Analistas políticos aseguran hallar “correspondencia” entre las denuncias presentadas por el ex candidato a la vicepresidencia Leopoldo Fernández y el pronunciamiento de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay, que elogió las leyes bolivianas pero criticó su no aplicación por el gobierno y solicitó al Ejecutivo combatir el racismo y la discriminación sin violar derechos civiles.

Para el analista y escritor Emilio Martínez, lo que parecía ser una visita meramente protocolar acabó convirtiéndose en un “dolor de cabeza” para el gobierno, pues “es una señal importante” que la Alta Comisionada le haya recordado al oficialismo que la lucha contra el racismo y la discriminación debe llevarse a cabo sin pisar los derechos civiles y la libertad de expresión.

“Los organismos internacionales están comenzando a ver la realidad boliviana desde una perspectiva más imparcial y plural, superando la visión gubernamental, algo de lo que deberían tomar nota funcionarios locales de Naciones Unidas, que hablaron tardíamente de concertación luego de que la ley contra el racismo ya había sido sancionada”, dijo.

Según Martínez, contribuyó a la lectura de Pillay sobre la coyuntura boliviana, la carta enviada por el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, donde denunció la “democracia aparente” que vive Bolivia y “estructuras constitucionales y jurídicas figurativas, pero no efectivas”, lo que puede haber motivado el comentario de la Comisionada sobre “leyes de derechos humanos que no se cumplen”, sostuvo.

En criterio del sociólogo cochabambino Edson Vélez, residente en la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), el análisis de ambos textos revela “simetría” en la lectura de la situación de la justicia en Bolivia.

“Hay una relación secuencial y lógica de causa-consecuencia entre la denuncia de Fernández y el pronunciamiento de Navy Pillay, una comprensión compartida del problema de la inseguridad jurídica y la violación del debido proceso que al parecer no existía antes, cuando el filtro de lo que sucedía en Bolivia hacia la ONU era el delegado (Denis) Racicot”, sostuvo.

Asimismo Vélez Terrazas agregó que ambos coinciden en el carácter jurídico simbólico y el uso político activo que el gobierno del MAS le da a esas leyes.

“La carta de Fernández denuncia que la Constitución y las leyes en Bolivia tienen una existencia figurativa, no real y que la lucha contra el racismo y la corrupción se usan para judicializar a opositores, mientras la Alta Comisionada habla de leyes ‘modelo’ pero que el gobierno no aplica y dice que su lucha contra el racismo no puede violar derechos civiles”, explicó.

LA DENUNCIA DE LEOPOLDO FERNANDEZ: “Se ha instaurado en Bolivia la peor clase de dictadura, aquella que impera bajo el disfraz de estructuras constitucionales y jurídicas figurativas pero no efectivas”.

“Bolivia es el país de lo aparente. Un país donde la democracia, la justicia, los derechos humanos y la transparencia son una pantalla, realidades virtuales, espejismos carentes de existencia objetiva pero proyectados vigorosamente mediante simbolismos exacerbados y un discurso mediático eficaz”.

“La promulgación de leyes que, a título de luchar contra el racismo o de combatir la corrupción, violan derechos universales al modificar el sistema judicial e incorporar en el ordenamiento jurídico penas que transgreden acuerdos de los que Bolivia es signataria en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana”.
LAS DECLARACIONES DE NAVANETHEM PILLAY: "Bolivia ha tenido muchos avances en las leyes. En materia de derechos humanos es de las mejores del mundo, pero el defecto del Gobierno es que aunque ya están consagradas, no se cumplen", aseguró Pillay.

“El racismo y la discriminación no sólo son acciones, palabras y actitudes que existen aquí, en Bolivia, sino en otros países, pero hay que luchar contra esta forma de pensar sin pisar los derechos civiles y la libertad de expresión de los individuos”, agregó.