26 de abril de 2012

17 claves para entender la marcha en defensa del Isiboro Sécure

ERBOL

Andrés Gómez Vela

1. La idea de la carretera comenzó a cristalizarse en los primeros meses de 2008, cuando en la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) corrió una instrucción para acelerar el proyecto Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por “una orden superior”. Casi de inmediato se lanzó la licitación pública internacional LPI No 001/2008.

2. El 23 de Julio de 2008, el ingeniero consultor Andrés Kukoc entregó a la ABC una propuesta -sin haber hecho estudio técnico en el terreno- para la estimación de un precio de referencia del tramo “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”. “Tomando en cuenta los tres factores (costos de obra, servicios de consultoria y factores de riesgo por llave en mano) la propuesta de precio estimado para el proyecto es de $us436.229.820”, señaló en su informe.

3. El 1 de agosto de 2008, la ABC adjudicó la construcción de la carretera a la empresa OAS Ltda., mediante una resolución administrativa por un monto total de 415.1 millones de dólares bajo modalidad “llave en mano”. Fue la única empresa que presentó su propuesta.

4. El contrato No 218/08 GCT-OBR-BNDES fue suscrito por la presidente interina de ABC de ese entonces, Patricia Ballivián, y el representante legal de la OAS, Geraldo Pereira Santa.

5. El 22 de agosto de 2009, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y Luis Inacio Lula da Silva, firmaron en Villa Tunari el protocolo para financiar la carretera. El 7 de abril de 2010 la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante una ley, homologó el convenio suscrito entre el Estado Boliviano y la República Federativa del Brasil. El 15 de febrero de 2011 se firmó el convenio correspondiente entre Bolivia, BNDES, la ABC y OAS. El 20 de mayo de 2011 el Presidente Morales promulgó la Ley No. 112, que ordenó la construcción de la carretera. La ABC no esperó que acabe este trámite legal, ordenó ejecutar la obra dos años antes.

6. En junio de 2009, el presidente Evo Morales entregó el título ejecutorial del TIPNIS a los pueblos trinitario-mojeño, yuracaré y tsiman, con el siguiente mensaje: Desde ahora los dueños legítimos de este territorio son ustedes, los tres pueblos; están a cargo de la defensa de este territorio. Desde entonces, esa parte del territorio boliviano tiene doble protección, pues, fue declarado Parque Nacional el 22 de noviembre de 1965 , precisamente, para que no sea destruido por una carretera y sea preservado como un centro de recreo, turismo, estudio e investigación. 25 años después de aquel decreto de Barrientos, el 24 de septiembre 1990, el Parque Nacional Isiboro Sécure fue reconocido como territorio indígena en respuesta a la marcha que arribó esa vez de Trinidad, desde entonces se denomina Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

7. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó en su revista anual en agosto de 2008, con el rótulo de “obra estrella”, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de 306 kilómetros y una inversión de $us415 millones. En ese mismo documento anuncia que la empresa que construirá la carretera, en un plazo de 40 meses, es la brasileña OAS bajo la modalidad de llave en mano y con el financiamiento del banco también brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Ya en ese entonces, la ABC aseguró que la carretera “pasará por las poblaciones Eterezama, Isinuta, Puerto Patiño, Santísima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos”. Es decir, ya estaba el trazo por el corazón del TIPNIS.

8. La OAS recibió la orden de proceder el 28 de agosto de 2009 como consta en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Según el contrato, la obra debía ser entregada en cuarenta meses, es decir, en diciembre de 2012 (en ocho meses más tomando en cuenta abril de 2012).

9. Entre 2008 y 2012, los pueblos indígenas que viven en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), tsiman, mojeño-trinitario, yuracaré, no fueron consultados de manera previa, libre e informada para la construcción de la carretera como establecen la Constitución Política del Estado, en sus artículos 30, 352 y 403; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificados por Bolivia en 1989 y 2007, respectivamente.

10. La Constitución establece que los pueblos indígenas tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se PREVEAN medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. La palabra PREVER, que deriva del latín praevidere, significa, según el diccionario de la academia de la lengua española, “ver con anticipación; conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder; disponer o preparar medios contra futuras contingencias”. A este término se suma el concepto consulta previa, que quiere decir: Anticipado, que va delante o que sucede primero. En otras palabras, la consulta a los pueblos indígenas debe ser realizada al concebir o comenzar a pensar en cualquier proyecto. Vale decir, cuando está naciendo el proyecto en la mente de la autoridad del Estado a fin de informar a los pueblos indígenas sobre posibles consecuencias y tomar previsiones para mitigar posibles efectos o suspender definitivamente la obra.

11. Ante el desconocimiento de la Constitución y una media docena de normas que protegen ese territorio, los pueblos indígenas del oriente boliviano anuncian en junio de 2011, la VIII Marcha en defensa del TIPNIS y exigiendo el cumplimiento de la Constitución, en particular de la consulta previa. El presidente Evo Morales respondió al anunció que se hará la carretera “quieran o no quieran”. El vicepresidente Álvaro García Linera y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, aseguraron en septiembre de 2011 que no procede la consulta previa. En tanto, el ex dirigente cocalero del Chapare, David Herrera, señaló en agosto de 2011 que el Presidente Evo Morales les prometió la construcción de esa carretera.

12. La VIII marcha partió de Trinidad, Beni, el 15 de agosto, respaldado por la CIDOB y Conamaq. Desde el primer día sufrió una campaña de desprestigio por parte de autoridades del gobierno. El 25 de septiembre el gobierno instruyó la represión policial a la VIII Marcha, que descansaba aquel domingo en Chaparina. Esta acción no logró su objetivo de desmovilizar a los marchistas, quienes llegaron el 25 de octubre a La Paz, donde fueron recibidos apoteósicamente por la población.

13. Ante el apoyo masivo de miles de personas a los marchistas, el presidente Evo Morales firmó la Ley 180 que prohíbe la construcción de una carretera por el corazón del TIPNIS y garantiza su preservación. En ese momento, el gobierno se propuso con miras al futuro trastocar el significado de la palabra “intangible”, que figuraba en la propuesta de Ley de los marchistas pero en otro sentido. La intención gubernamental era impedir el aprovechamiento de los recursos naturales por los indígenas de la zona y presionarlos luego para que cedan en la construcción de la carretera. Esta disposición va en contraflecha a la Constitución, que en su artículo 403 reconoce a los pueblos indígenas “el aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables”.

14. El 30 de enero de este año llegó a La Paz la Marcha de Conisur y fue ignorada por la misma población, que en octubre de 2012 recibió como a héroes a los marchistas indígenas del TIPNIS. Sin embargo, los representantes de Conisur lograron la aprobación de la ley 222, que impone la consulta a los pueblos que habitan el parque en los siguientes términos: “Definir si el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure debe ser intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas mojeño-trinitario, chimane y yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”. El gobierno que había dicho que no procedía la consulta previa, aprobó meses después una ley de consulta.

15. Los pueblos indígenas del TIPNIS expresaron de inmediato su desacuerdo con la consulta posterior sobre la carretera y acusaron al gobierno de violar otra vez la Constitución. El gobierno aplicó una estrategia de acercamiento con las regionales de la CIDOB para debilitar el movimiento indígena. En ese sentido, firmó acuerdos con algunas organizaciones indígenas y el presidente Morales visitó algunos pueblos del TIPNIS y regaló motores, antenas y otras cosas. Sin embargo, no logró frenar la IX Marcha que había sido anunciada en un primer momento para el 25 de abril desde Chaparina, donde se produjo la represión el pasado 25 de septiembre.

16. Debido al bloqueo de grupos afines al MAS en San Ignacio de Moxos para evitar el paso de los marchistas a Chaparina y exigir la construcción de la carretera, la CIDOB decidió que la IX Marcha parta de Trinidad este viernes 27 de abril. Paralelamente, el gobierno decidió proponer un proyecto de ley para postergar por 120 días la consulta establecida en la Ley 222.

17. Los pueblos indígenas reiteraron que están de acuerdo con la carretera, pero no por el corazón del TIPNIS, sino por otro lado “porque el trazo defendido por el presidente Evo Morales sólo beneficiará a los sindicatos cocaleros asentados en el polígono 7 del TIPNIS, debido a que la mayoría de las comunidades indígenas no están en el centro del Parque” . También expresaron su acuerdo con la consulta previa, pero siempre y cuando el gobierno anule el contrato con OAS, pare las obras y comience todo de nuevo. El gobierno expresó su predisposición al diálogo, “pero sin condiciones”.