
De acuerdo con el titular de esa repartición estatal, Mario Machicado, el 54 por ciento de los casos provienen del sector público, mientras que el 46 por ciento pertenecen al ámbito privado, lo que quiere decir que los funcionarios que atienden diariamente a la población son los que mayor discriminación ejercen.
Otros datos indican que un 15 por ciento del total de denuncias tienen un carácter penal, es decir, son investigadas por el Ministerio Publico, mientras que el resto son sancionadas mediante resoluciones administrativas. Hasta la fecha, ningún proceso judicial por racismo tiene sentencia.
El impulsor de la norma contra el racismo, diputado, Jorge Medina, expresó su malestar por el lento avance de la Ley, esto debido a que desde el Estado aún no se asumieron medidas para contrarrestar este mal social.
El informe concluye señalando que la mayor cantidad de denuncias corresponden a agresiones verbales discriminatorias (insultos, términos peyorativos y abusos), siendo sobre todo mujeres las afectadas.