Ola de repudió provocó ataque masista contra la familia y la casa de Cárdenas
LA PAZ
Organizaciones y movimientos ciudadanos, así como representantes de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, cívicas, académicas, religiosas, vecinales y otras exigieron hoy aquí el respeto por la vida humana y el cese de la violencia política por parte del gobierno del jefe cocalero y presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, cuyas huestes indígenas asaltaron el sábado la casa del ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, y estuvieron a punto de linchar a su esposa, hijos y cuñada.
El hecho provocó este domingo una ola de repudio a las acciones que el régimen político-militar “socialista” lleva a cabo a través de grupos de choque que, a nombre del pueblo y la justicia comunitaria, violan todos los preceptos constitucionales, legales y modos de vida organizados y civilizados a instancias de funcionarios gubernamentales quienes planifican y ejecutan este tipo de “barbarie” en todo el país.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, en declaraciones a radio Panamericana deslindó toda responsabilidad del gobierno, sin embargo, no supo aclarar el motivo porque no adoptó las previsiones del caso cuando el asalto a la vivienda de Cárdenas, ubicado en la comunidad Sankajahuira, cantón Huatajata del municipio de Achacachi, provincia Omasuyos, a 96 kilómetros de la ciudad de La Paz, fue anunciado a principios de semana y se llevó a cabo sin la presencia de efectivos policiales quienes, más tarde, asistieron impotentes a la iza de la “wiph’ala” bandera de los aymaras en esta especie de territorio “liberado” donde ya se registraron varios linchamientos que están impunes.
CESE DE LA VIOLENCIA
El Movimiento Ciudadano Basta Ya, en un pronunciamiento firmado por su representante Guillermo Paz, demandó del Poder Ejecutivo el cese de la violación de la Constitución Política del Estado y leyes vigentes y, por consecuencia, los derechos humanos, civiles y políticos cuyo respeto y preservación están ratificados también por el Estado boliviano en Tratados, Convenciones y Declaraciones de alcance supranacional y universal.
Denunció a la comunidad nacional e internacional la implantación de un régimen político-militar claramente opuesto a los principios y normas contenidas en la Constitución sometida a referéndum el 25 de enero próximo pasado, así como el sometimiento, parcialización y obsecuencia de miembros de instituciones llamadas a defender a la sociedad como las Fuerzas Armadas de la Nación, la Policía, fiscales, jueces, el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
Repudió la oprobiosa manipulación de la Ley de Leyes que Morales Ayma juró respetar y, entre otros, el pisoteo de los Derechos Fundamentales y Garantías y los Derechos Civiles y Políticos y el tácito desconocimiento del contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José y otras reconocidas y respetadas en los países con gobiernos democráticos y solicitó el pronunciamiento de las organizaciones regionales, nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y se solidariza con los bolivianos y sus familias afectados por el imperio de un estado de guerra expresado en allanamientos, secuestros, detenciones indebidas y, sobre todo, el total desprecio por el ser humano, el estado de Derecho, la libertad y la democracia.
INTERVENCIÓN INTERNACIONAL
Entretanto, el representante del movimiento ciudadano La Paz en Acción, Boris Bernal, pidió la intervención de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y civiles por la creciente intolerancia demostrada por el gobierno de Evo Morales Ayma contra opositores políticos y cívicos, así como persecuciones judiciales, detenciones irregulares y agresiones violentas ejecutadas por militantes del partido gubernamental.
Recordó que los secuestros de activistas cívicos en los departamentos de Pando y Santa Cruz han violado las normas más elementales y, además, remarcó la injerencia y presión del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público que ha ocasionado el frecuente traslado de detenidos a la ciudad de La Paz donde son puestos a disposición de fiscales y jueces que no son los naturales, desconociendo la jurisdicción de las Fiscalías Departamentales y ha convertido a La Paz en un campo de concentración.
Julio Alvarado, del Movimiento No de Corazón, subrayó la gravedad de lo acontecido este sábado en Huatajata, porque el Ministerio de Gobierno fue informado en varias ocasiones por el ex Vicepresidente sobre las amenazas e intentos de agresión sufridos por él y su familia, sin que se hubiese registrado acción alguna de parte del gobierno lo que significa incumplimiento de deberes y violación de la Constitución Política del Estado y leyes vigentes.
Desde Santa Cruz, Human Rights Foundation, hizo público un pronunciamiento, cuya carta original fue enviada a diversos organismos internacionales y gobiernos europeos.
Destaca que las agresiones contra dirigentes de oposición alcanzaron un nuevo nivel de intensidad el día de ayer, con la quema de la casa del ex Vicepresidente de la República Víctor Hugo Cárdenas en la localidad de Huatajata, a manos de partidarios del Presidente Evo Morales, quienes también atacaron a su esposa e hijos.
Añade que el hecho cobra mayor gravedad aún por cuanto el Ministerio de Gobierno había sido informado en varias ocasiones anteriores por el ex Vicepresidente sobre las amenazas e intentos de agresión sufridos por él y su familia, sin que se hubiese registrado acción alguna de parte de esa cartera ministerial, lo que podría configurar un caso de omisión de funciones.
Víctor Hugo Cárdenas afirma que mientras ocurrían los abusos en su casa, fue informado de los hechos por un familiar, por lo que inmediatamente se contactó con autoridades del ministerio de Gobierno, Policìa y FFAA en sus más altos niveles, pero nadie atendió su llamado. "Parece que todos que todos estaban de vacaciones", dijo con pesar el ex mandatario.
