(ANF).- El informe final del Defensor del Pueblo respecto a los luctuosos sucesos ocurridos en Caranavi entre el 11 y 13 de pasado, revela que la Policía utilizó armas de fuego para reprimir a los colonizadores que por más de 10 días mantenían un bloqueo de caminos exigiendo la construcción de una planta procesadora de cítricos.
El informe revela que Nelson Jiménez y David Calisaya perdieron la vida producto de impactos de bala por lo que se concluye que en ese conflicto la Policía utilizó armas de fuego.
“De los cuerpos de los dos jóvenes se extrajeron balas y son elementos fundamentales que nos hacen colegir que se trato de muertes perpetradas por el uso de armas de fuego, evidentemente está en un primer plano la Policía”, dijo el Defensor del Pueblo Rolando Villena.
Según Villena, en los hechos en Caranavi hubo la violación de los derechos humanos “de ambos lados” (policías y colonizadores). “Hay que ver el otro lado, las medidas que tendrían que haberles dotado a los policías para que hagan el trabajo mucho más profesional”, precisó.
El informe del Defensor señala, también, que el ministro de Gobierno Sacha Llorenti “no actuó a tiempo y que tampoco se respetaron los derechos humanos. Hay elementos discordantes que desentonan como es el uso de la fuerza y sus secuelas que desencadenaron en dos muertes”.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) responsabilizó al Gobierno y a la Policía por la violación a los derechos humanos en el violento desbloqueo de la carretera La Paz- Caranavi, cerrada por 12 días, el 8 y 9 de mayo pasado así como por la muerte de los dos estudiantes de esa población a causa de impactos de bala.
"El Gobierno sigue siendo el principal trasgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos. En el caso de Caranavi se utilizó la fuerza para desbloquear desechando el diálogo, lo que hubiera evitado la muerte de dos jóvenes estudiantes: Nelson Jiménez y David Calisaya. El primero recibió un disparo de fusil FAL de nueve milímetros, según informe médico, y el segundo fue herido por siete perdigones, según la autopsia que se le practicó en Caranavi", señaló.
Por su parte, Jorge Quiroz, abogado de los familiares de los dos estudiantes muertos en Caranavi, presentó una querella formal contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, el comandante de la Policía, Oscar Nina, por el delito de asesinato.
El informe revela que Nelson Jiménez y David Calisaya perdieron la vida producto de impactos de bala por lo que se concluye que en ese conflicto la Policía utilizó armas de fuego.
“De los cuerpos de los dos jóvenes se extrajeron balas y son elementos fundamentales que nos hacen colegir que se trato de muertes perpetradas por el uso de armas de fuego, evidentemente está en un primer plano la Policía”, dijo el Defensor del Pueblo Rolando Villena.
Según Villena, en los hechos en Caranavi hubo la violación de los derechos humanos “de ambos lados” (policías y colonizadores). “Hay que ver el otro lado, las medidas que tendrían que haberles dotado a los policías para que hagan el trabajo mucho más profesional”, precisó.
El informe del Defensor señala, también, que el ministro de Gobierno Sacha Llorenti “no actuó a tiempo y que tampoco se respetaron los derechos humanos. Hay elementos discordantes que desentonan como es el uso de la fuerza y sus secuelas que desencadenaron en dos muertes”.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) responsabilizó al Gobierno y a la Policía por la violación a los derechos humanos en el violento desbloqueo de la carretera La Paz- Caranavi, cerrada por 12 días, el 8 y 9 de mayo pasado así como por la muerte de los dos estudiantes de esa población a causa de impactos de bala.
"El Gobierno sigue siendo el principal trasgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos. En el caso de Caranavi se utilizó la fuerza para desbloquear desechando el diálogo, lo que hubiera evitado la muerte de dos jóvenes estudiantes: Nelson Jiménez y David Calisaya. El primero recibió un disparo de fusil FAL de nueve milímetros, según informe médico, y el segundo fue herido por siete perdigones, según la autopsia que se le practicó en Caranavi", señaló.
Por su parte, Jorge Quiroz, abogado de los familiares de los dos estudiantes muertos en Caranavi, presentó una querella formal contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, el comandante de la Policía, Oscar Nina, por el delito de asesinato.