(ANF).- El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas del Abya Yala (CAOI), demandarán al Estado boliviano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas por la contaminación ambiental que están provocando la planta hidrometalúrgica en el municipio de Coro Coro.
El Jilliri Apu Mallku del Conamaq, Rafael Quispe, informó que esa organización campesina ya presentó una denuncia formal a Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas del Abya Yala (CAOI), organización “supra nacional” encargada de llevar adelante el proceso.
“Esta coordinadora realizará un informe técnico – jurídico se lo presenta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas (NU). Naciones Unidas estará en Bolivia hará una evaluación y estamos seguros que el Estado boliviano será sancionado, no el Gobierno, porque es pasajero, será el Estado quién sea que esté de Presidente”, dijo.
La denuncia de Conamaq tiene que ver con la vulneración de derechos humanos y las leyes de conservación del medio ambiente en las que incurrió el Gobierno al instalar una planta metalúrgica en el municipio de Coro Coro, sin tener un estudio de impacto ambiental.
Según Quispe la instalación de la planta dejó sin agua dulce a más de 50 comunidades campesinas que dependen del líquido elemento para su consumo, la de sus animales y el riego de sus campos de cultivos.
La denuncia semana que “el Gobierno se ha olvidado que Naciones Unidas declaró el acceso al agua como un derecho humano, por lo tanto debía haber una consulta”.
Los comunarios junto a sus dirigentes denunciaron que el Gobierno esta violando los derechos convenios internacionales 169 referido al derecho a la consulta a los pueblos originarios sobre el uso de los recursos naturales, además de la declaración de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, además de las leyes 1257, 1357 y la propia Constitución Política del Estado (CPE).
“Por todo eso pensamos que el Estado será sancionado, es la primera medida que estamos tomando en contra del Estado boliviano porque parece que las movilizaciones no le afectan a este gobierno, es insensible, pero no se descarta que vamos a tomar medidas de presión, pero ya no vamos a anunciar sino vamos actuar”, advirtió el dirigente.
Miguel Palacín coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas del Abiayala (CAOI) instancia supra nacional que aglutina a los pueblos indígenas, se comprometió a impulsar la demanda en las instancias internacionales, al recordar que los tratados internacionales deben ser de “cumplimiento obligatorio por los Estados”.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) se declaró en estado de emergencia y anunció movilizaciones si el gobierno del presidente Evo Morales no aplica el mandato constitucional de la consulta a los pueblos indígenas para la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios.
Los suyus de Coro Coro denunciaron el grado de contaminación en el que viven sus regiones a consecuencia de la actividad minera y concluyeron que desde que se promulgó la nueva Constitución Política del Estado (CPE) no se hizo nada por cumplir el artículo referido a la consulta.
El Jilliri Apu Mallku del Conamaq, Rafael Quispe, informó que esa organización campesina ya presentó una denuncia formal a Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas del Abya Yala (CAOI), organización “supra nacional” encargada de llevar adelante el proceso.
“Esta coordinadora realizará un informe técnico – jurídico se lo presenta a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas (NU). Naciones Unidas estará en Bolivia hará una evaluación y estamos seguros que el Estado boliviano será sancionado, no el Gobierno, porque es pasajero, será el Estado quién sea que esté de Presidente”, dijo.
La denuncia de Conamaq tiene que ver con la vulneración de derechos humanos y las leyes de conservación del medio ambiente en las que incurrió el Gobierno al instalar una planta metalúrgica en el municipio de Coro Coro, sin tener un estudio de impacto ambiental.
Según Quispe la instalación de la planta dejó sin agua dulce a más de 50 comunidades campesinas que dependen del líquido elemento para su consumo, la de sus animales y el riego de sus campos de cultivos.
La denuncia semana que “el Gobierno se ha olvidado que Naciones Unidas declaró el acceso al agua como un derecho humano, por lo tanto debía haber una consulta”.
Los comunarios junto a sus dirigentes denunciaron que el Gobierno esta violando los derechos convenios internacionales 169 referido al derecho a la consulta a los pueblos originarios sobre el uso de los recursos naturales, además de la declaración de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, además de las leyes 1257, 1357 y la propia Constitución Política del Estado (CPE).
“Por todo eso pensamos que el Estado será sancionado, es la primera medida que estamos tomando en contra del Estado boliviano porque parece que las movilizaciones no le afectan a este gobierno, es insensible, pero no se descarta que vamos a tomar medidas de presión, pero ya no vamos a anunciar sino vamos actuar”, advirtió el dirigente.
Miguel Palacín coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas del Abiayala (CAOI) instancia supra nacional que aglutina a los pueblos indígenas, se comprometió a impulsar la demanda en las instancias internacionales, al recordar que los tratados internacionales deben ser de “cumplimiento obligatorio por los Estados”.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) se declaró en estado de emergencia y anunció movilizaciones si el gobierno del presidente Evo Morales no aplica el mandato constitucional de la consulta a los pueblos indígenas para la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios.
Los suyus de Coro Coro denunciaron el grado de contaminación en el que viven sus regiones a consecuencia de la actividad minera y concluyeron que desde que se promulgó la nueva Constitución Política del Estado (CPE) no se hizo nada por cumplir el artículo referido a la consulta.