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11 de septiembre de 2009

Ciudadanos exigen develar cuentas bancarias de gobernantes

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Denuncian que los gastos reservados fueron cambiados a ingresos reservados porque no se conoce cuánto ingreso de Venezuela y otras fuentes

LA PAZ
Organizaciones ciudadanas, cívicas y políticas de este departamento exigieron este viernes conocer públicamente los ingresos y cuentas bancarias de los gobernantes para que tenga vigencia el discurso de “honestidad” y “transparencia” de los miembros del Poder Ejecutivo que contrasta con los innumerables casos de corrupción, prebendalismo, nepotismo, clientelismo y la vigencia de una nueva oligarquía, una nueva aristocracia y nuevos ricos que se suman a los ricos que están más ricos debido a sus “negocios” con el régimen.

Sandra Rivero, de Nueva Conciencia Ciudadana, sostuvo que los “gastos reservados” atribuidos por el Movimiento Al Socialismo (MAS) a los gobiernos anteriores, fueron “cambiados” a “ingresos reservados” porque pese a los más de tres años de administración gubernamental no se conoce qué cantidad de dinero ingresó de parte de Venezuela y otras fuentes ya que estos “convenios” no pasaron a consideración del Congreso Nacional como la ley establece.

Por su parte, Guillermo Paz Peñaloza, del Movimiento Ciudadano Basta Ya, recordó que en reiteradas oportunidades se denunció públicamente el incremento del cultivo y la producción de coca, por tanto, de cocaína y del narcotráfico así como del contrabando y la corrupción originada en disposiciones gubernamentales que “crearon” fideicomisos y otros instrumentos que facilitan el manejo “dispendioso” de los recursos del Estado, es decir, el dinero de todos los bolivianos. “Es necesario saber dónde está, cuál fue y es el destino de ese dinero”, agregó.

CORRUPCIÓN MILLONARIA

Según Boris Bernal, de la organización ciudadana La Paz en Acción, el asesinato del empresario Jorge O’Connor, desveló la “enorme” corrupción existente en el gobierno. “El monumental aparato de propaganda del gobierno logró tapar a medias los efectos del escándalo y optó por entregar a Santos Ramírez como chivo expiatorio para mostrar una aparente lucha contra la corrupción, pero ese caso por 450 mil dólares de coima y 86 millones de dólares en la operación es sólo uno y aún no se aclaró, conocemos muchos más”, manifestó.

En efecto, recordó que el ex ejecutivo de la Superintendencia de Hidrocarburos, Jorge Téllez, denunció que la “nacionalización” de Transredes le significa el Estado boliviano una pérdida de cerca de mil millones de dólares porque, además del sobreprecio, el gobierno por fines políticos se hizo cargo de los pasivos y, además, pagó por las acciones que fueron adquiridas “lo que convierte en un cuento chino eso de la nacionalización”.

Rivero, por su parte, afirmó que la corrupción no se da en el rubro de los hidrocarburos solamente, sino que también las empresas públicas llamadas “estratégicas” se han convertido en “grandes nichos de corrupción y enriquecimiento ilícito” donde no está exenta la venta de “avales”, las coimas y “coimisiones”, los diezmos y “aportes” que abarcan todos los ámbitos de la administración gubernamental y hasta el Congreso Nacional.

CUENTAS EN EL EXTERIOR

Indicó que el carácter de “reservado” de los ingresos hace que se desconozca cuál fue su destino, además, porque la mayor parte de los proyectos financiados por Venezuela para el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” no fue concretado como es el caso del estadio de Cobija por un millón de dólares y muchas obras en el trópico de Cochabamba y otros departamentos donde se “repartió” cheques venezolanos “a diestra y siniestra”. Se presume que los gobernantes tienen su dinero en cuentas bancarias en el exterior.

Paz Peñaloza, a su vez, remarcó que el Presupuesto General de la Nación que es la Ley Financial del Estado boliviano “nunca fue aprobado por el Senado por una serie de argucias de los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) que son mayoría en la Cámara Baja con el propósito de evitar la fiscalización contenida en la ley”.

Finalmente, demandó conocer el destino de los fideicomisos por dos mil millones de dólares, los estados financieros de más de una decena de “empresas estratégicas”, el motivo porque la deuda pública interna supera los 6.200 millones de dólares, los créditos obtenidos sin conocimiento del Congreso; el manejo de decenas de miles de millones de bolivianos en propaganda, compra de vehículos, salarios, viáticos, viajes y, sobre todo, las cuentas de miles y miles de “pobres, discriminados y marginados ciudadanos que hoy por hoy viven en condominios de lujo, conducen vehículos de lujo y viven bien, muy bien”.