(ANF).- Una grabación magnetofónica difundida por uno de los implicados en el caso “24 de mayo” ha desatado un escándalo en Sucre, debido a que en la misma se implica al fiscal encargado de las investigaciones, Dante Romay, quien supuestamente habría tratado de presionar al declarante para implicar a ex autoridades locales, entre ellas el alcalde electo, Jaime Barrón.
En la cinta, que fue difundida por distintos medios este martes, se puede escuchar una voz, que supuestamente pertenece a Romay, sugiriendo al ex dirigente universitario Yamil Pilco implicar en sus declaraciones “al rector” y a “dirigentes cívicos” en los abusos y vejaciones que sufrieron campesinos que el 24 de mayo de 2008, tras enfrentamientos con grupos citadinos.
El audio, al parecer logrado mediante un teléfono celular, fue conocido pocas horas después de conocerse la imputación formal presentada por el Fiscal Romay contra una veintena de personas de Sucre, entre ellas el ex rector Jaime Barrón, la ex alcaldesa Aydé Nava, el ex dirigente cívico John Cava, la prefecta de Chuquisaca Savina Cuellar, y el ex concejal Fidel Herrera, entre otros.
Una de las primeras reacciones sobre este hecho fue la del ahora alcalde electo de Sucre, Jaime Barrón, quien sostuvo que el contenido de esa supuesta conversación es “una prueba de que el proceso no es otra cosa que una persecución política”.
Barrón aclaró que su participación en los hechos del 24 de mayo de 2008 se limitó a tratar de “apaciguar” a la muchedumbre que se había congregado a las afueras del Estadio Patria para impedir la anunciada llegada del presidente Evo Morales, y que nunca estuvo en el lugar donde se produjeron las agresiones a los campesinos.
Consultado sobre el hecho, el Fiscal de Chuquisaca, Julio César Sandoval, a tiempo de anunciar una investigación sobre el caso, dijo que “ningún fiscal o funcionario puede violar la ley”, aunque sostuvo que mientras no se aclare la situación “no se puede hablar que hubo presión”.
“Aguardaremos los elementos de las investigaciones, pero si se comprueba que se actuó mal, se iniciará un proceso disciplinario”, dijo Sandoval, quien recordó que en estos casos podrían aplicarse sanciones que van desde los descuentos salariales hasta la destitución del cargo, dependiendo de la gravedad de la falta.
Sandoval pidió a la ciudadanía “serenidad” y dijo que la población “debe tener credibilidad en el Ministerio Público”.
Por su parte, el Fiscal General, Mario Uribe, afirmó que en este caso, el Fiscal del Distrito “tiene toda la potestad” para actuar, aunque recordó que los fiscales de materia deben sujetarse a las normas vigentes en el proceso de investigaciones.
“No conozco el tema del audio, mal podría opinar, en todo caso para la declaración del imputado existen normas y reglas que deben ser observadas y cumplidas, como la asistencia del abogado, su declaración, las advertencias preliminares al sindicado, exhibirle la prueba, una relación de la denuncia o la querella, los documentos sobre su probable participación en el hecho que se investiga”, sostuvo Uribe