El diputado aseguró que no pierde la esperanza de que su pedido sea tomado en cuenta a pesar de la "consigna política".(ANF).- El diputado opositor Andrés Ortega (PPB), presentó este miércoles el pedido formal a la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores el pedido para que se elimine el artículo 191 de la Ley de Pensiones que crearía asesores de pensiones externos al gobierno.
“No creemos que sea el espíritu de la ley el privatizar el servicio de asesoramiento la personas por que todos merecen un trato digno eficiente y gratuito por parte de las autoridades para poder tener sus pensiones o cualquier tema relacionado con la mejor atención posible”, dijo Ortega.
El diputado aseguró que no pierde la esperanza de que su pedio sea tomado en cuenta a pesar de la consigna política de para la ley sin modificaciones para que hasta el fin de semana sea promulgada por el Presidente.
La redacción del artículo 191 sobre el Asesor de Pensiones señala que para poder prestar el servicio de asesoramiento externo en la calidad de asesor de pensiones deberán contar con la autorización del Organismo de Fiscalización, de acuerdo al reglamento.
El proyecto de Ley de Pensiones entonces creará miles de tramitadores privados para que los rentistas acudan a ellos para su jubilación, siendo que el Estado debería proveer de este servicio gratuitamente.
El diputado pidió anteriormente al ministro de Economía y a la presidencia de la Comisión de Planificación en la cámara de diputados que expliquen cual será el reglamento y las funciones de los tramitadores y nadie respondió.
La preocupación del diputado es que con esta ley se generarían miles de empresas de asesoramiento para jubilados teniendo estos que pagar una determinada suma para poder acceder a la jubilación lo que se considera inoportuno al tercealizar los servicios.
El diputado cuestionó el proyecto de ley de pensiones, ya que el Estado debería otorgar este trámite de forma gratuita a todos quienes quieran jubilarse ya que se asume la competencia en esta área.
Ortega explicó que la ley pedirá que se conforme asesoramiento externo que se autorizará en el organismo de pensiones, lo que significa que se crearán brókers o cientos de pequeñas empresas privadas y será necesario que el ciudadano contrate los servicios de un asesor de pensiones de forma obligatoria para ser intermediario entre el rentista y la fiscalización de pensiones.