Veronica Smink
BBC Mundo, Cono Sur
Muchos creen que el mandatario tendrá que afrontar un cierto costo político por su decisión.
El gobierno de Bolivia eludió una serie de protestas que amenazaban con paralizar el país este lunes al dar marcha atrás con el aumento de los combustibles, un anuncio que había generado revueltas y paros en varias ciudades.
Según el presidente Evo Morales, la decisión de anular el decreto que había eliminado la mayoría de los subsidios al combustible y que había producido alzas del 82% en el precio del diésel y del 72% en el de la gasolina, fue consecuencia de haber "escuchado" a la ciudadanía.
"Prometí gobernar obedeciendo al pueblo", se justificó el jefe de Estado.
Pero a pesar de que Morales logró con su retroceso evitar que se profundizaran los incidentes, que ya habían dejado un saldo de al menos 15 heridos, algunos creen que el mandatario tendrá que afrontar un cierto costo político por su decisión.
Para el analista internacional Jorge Castro, director del Instituto de Planeamiento Estratégico, la reculada mostró "cuán extremadamente frágiles son las bases del poder" del presidente boliviano.
"La vuelta atrás de Morales mostró que el verdadero poder está en manos de los grupos que lo sustentan", dijo el experto a BBC Mundo.
"No fue un error"
Grupos que en el pasado apoyaron a Morales le dieron la espalda la pasada semana.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, -quien el pasado 26 de diciembre había sido el encargado de dar a conocer el impopular aumento- sostuvo en declaraciones este fin de semana que el gobierno insistirá en abolir las subvenciones a los hidrocarburos, que le cuestan al Estado unos US$380 millones anuales.
Al anunciar su marcha atrás el pasado viernes, Morales había asegurado que quitar los subsidios "no es un error" aunque sí lo consideró "inoportuno".
Los gobernantes afirmaron que buscarán crear consenso social para implementar la medida.
"Los movimientos sociales que nos digan cómo hacemos para que no se vaya esta sangría de dinero, con ellos vamos a tomar la futura decisión", aseguró García Linera en una entrevista en la radio estatal Patria Nueva.
Para Mario Galindo Soza, analista del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Cebem) el gobierno tendrá que renegociar su relación con algunos grupos que salieron "muy fortalecidos" de esta crisis.
En particular, con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto –antiguo bastión de Morales- que se alzó como una de las voces más fuertes en contra del aumento.
Por su parte, los opositores tradicionales del mandatario, como el Comité Cívico pro Santa Cruz, también buscaron sacar rédito político de la situación y acusaron al gobierno de querer implementar medidas "neoliberales" y de haber mentido sobre la "bonanza económica" del país.
Baja de popularidad
Las primeras encuestas muestran una caída de 5 puntos respecto al 60% de aprobación que tenía (el presidente) en noviembre pasado.
Mario Galindo Soza, analista del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios.
Galindo Soza dijo a BBC Mundo que los últimos sondeos en Bolivia muestran un descenso en la popularidad de Morales, como consecuencia del "gasolinazo".
"Las primeras encuestas muestran una caída de 5 puntos respecto al 60% de aprobación que tenía en noviembre pasado", señaló.
Para el experto, las idas y vueltas del gobierno respecto al aumento de los combustibles abrieron cuestionamientos sobre el poder de Morales que podrían repercutir aún más en los sondeos.
Sin embargo, el analista descartó que esta crisis genere un daño a largo plazo.
"El gobierno tiene el espacio político y el espacio temporal para recuperarse", aseguró.
En ese sentido, Galindo Soza destacó que Morales -quien comenzó el primer año de su segundo mandato- no deberá enfrentarse a desafíos electorales que puedan poner en riesgo su liderazgo hasta los comicios presidenciales de 2014.
Así, el líder –que controla ambas cámaras del Congreso- tendría tiempo para buscar el "consenso" necesario para mantener su hegemonía.
En tanto, el mandatario convocó para el viernes una reunión de gabinete ampliado para evaluar la gestión del gobierno, algo que muchos leyeron como una respuesta a las fuertes presiones para que algunos funcionarios dimitan como consecuencia de la crisis.